El PP ha propuesto con una “bajada masiva” de impuestos en Cantabria que, según sus estimaciones, supondrá un ahorro medio para los contribuyentes de 600 euros anuales --1.000 en el caso de las clases medias-- y permitirá inyectar a la economía 110 millones, una “revolución fiscal” que, si no se acepta, hará que los populares no apoyen el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2022.
Así lo ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha afirmado que con la propuesta fiscal que presenta su partido “Cantabria dejará de ser una región hostil para el contribuyente” y se “empujará la recuperación”, “haciendo que los hogares y las pymes vuelvan a comprar y a invertir, moviendo el mercado y favoreciendo el emprendimiento y la creación de empresas”.
La líder del PP cántabro ha defendido que “se puede” y “se debe” llevar a cabo la rebaja fiscal que plantea su partido porque “es necesario para reactivar la economía productiva --generando riqueza y empleo--, e impulsar el consumo y la inversión”. Además, cree que “es el momento” para ello puesto que se están tramitando el proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2022.
“El Gobierno de Cantabria dice que no es el momento de subir impuestos y yo le digo que es el momento de bajarlos. Dice que no va a subir impuestos y yo le digo que ya los ha subido bastante, que no puede subirlos más y que hay que bajarlos”, ha defendido Buruaga, que cree que Cantabria debe ser “el dique de contención que contrarrestre los sablazos impositivos de Pedro Sánchez” y la “losa” que, según ha señalado, supone la subida de los precios de la cesta de la compra, los combustibles o la energía, entre otros.
IMPUESTOS
La rebaja fiscal que plantea el PP afectará a “todos los impuestos cedidos” sobre los que la comunidad tiene capacidad normativa, con bajadas en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); Sucesiones; Transmisiones Patrimoniales; Actos Jurídicos Documentados, y Patrimonio.
Además de esta “bajada masiva” de impuestos, los populares proponen llevar a cabo una serie de deducciones y bonificaciones para fomentar la natalidad, ayudar a la maternidad, apoyar a las familias y a los jóvenes y generar actividad económica en la Cantabria despoblada.
Concretamente, la propuesta fiscal presentada por Buruaga plantea reducir el IRPF en todos los tramos, bajando un punto todos los tramos autonómicos, y reclama que nadie pague en la comunidad más de un 47 por ciento, frente al 50% actual.
Así, pide que para las rentas más desfavorecidas, de hasta 12.450 euros, se reduzca el tipo impositivo del 9,5 actual al 8,5%, “el más bajo” de España junto a la Comunidad de Madrid; bajar del 12% al 11% el siguiente tramo (el de las rentas entre 12.450 y 20.200 euros;) y así sucesivamente en los tramos siguientes: del 15% al 14% en el de 20.200 a 34.000; del 18,5% al 17,% de 34.000 a 46.000, y del 19,5 al 18,5% para las de 46.000 a 60.000 euros.
También propone suprimir dos tramos de la escala autonómica para dejar uno único para las rentas de más de 60.000 euros, reduciendo el tipo autonómico en este caso al 22,5 por ciento.
En cuanto al impuesto de sucesiones, plantea extender a los hermanos la bonificación que ya existe entre padres e hijos y entre cónyuges “para que nadie tenga que pagar por heredar de un familiar directo”.
Por otra parte, propone para el impuesto de transmisiones patrimoniales, bajarlo del 10 al 8% para la compraventa de bienes inmuebles y del 8 al 4% para la de bienes muebles, incluidos los vehículos de segunda mano.
También, plantea un tratamiento específico a la compra de primera vivienda, con un tipo del 7% para la compra de vivienda habitual y una reducción del 5 al 3% en el establecido para transmisiones de viviendas en el caso de familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, menores de 36 años y viviendas de protección oficial.
Además, en las zonas en riesgo de despoblamiento, y con el objetivo de atraer y fijar la población, los populares proponen tipos aún más bajos, del 2% cuando se trate de la primera vivienda. Para transmisiones de primera vivienda en estas zonas se suprime este impuesto para los colectivos especiales (familia numerosa, personas con discapacidad y menores de 36 años).
En relación al impuesto de actos jurídicos documentados, pide reducirlo a un 1% para la copra de vivienda habitual, con un tipo “testimonial” del 0,1% en el caso de la Cantabria vaciada, donde establece para el resto de la población un tipo del 0,3%.
Y en el impuesto de patrimonio, propone una bonificación progresiva del 50% en 2022; del 75% en 2023, y del 100% en 2024.
El objetivo es que Cantabria gane en “competitividad fiscal” que, a su juicio, ha ido perdiendo “gracias a la voracidad recaudatoria” del Gobierno liderado por Miguel Ángel Revilla (PRC) y que --ha dicho-- ha hecho que Cantabria haya ido ganado posiciones “a pasos agigantados” en el ranking de comunidades en las que más impuestos se pagan.
Así, ha señalado que Cantabria ha retrocedido hasta el puesto número 11 en competitividad fiscal, ocupando el 12 en el impuesto sobre patrimonio, el 16 en transmisiones patrimoniales, el 10 en actos jurídicos documentados y el 12 en IRPF.
“Es urgente, es necesario y es posible bajar los impuestos en Cantabria”, ha defendido Buruaga, quien ha insistido en que “menos impuestos no significa, en un contexto de crecimiento, menos recaudación y menos bienestar, sino todo lo contrario”.
Bonificaciones y deducciones
A esta bajada de impuestos, añaden más bonificaciones fiscales para el cuidado y atención de los hijos.
En este sentido, propone ampliar la deducción por gastos de guardería hasta los 1.000 euros (ahora está en 300) y aplicar una deducción del 10% del sueldo bruto de la empleada del hogar, con un límite de 1.000 euros, para favorecer la conciliación por el cuidado de menores hasta la edad escolar y personas mayores dependientes (la deducción ahora es, según señala el PP, del 15% de la cotización a la Seguridad Social, con un límite de 300 y solo para el cuidado de menores).
Para el fomento de la natalidad, plantea una deducción autonómica de 1.200 euros por nacimiento o adopción compatible con la del Estado.
Propone también que las familias tengan deducciones por gastos de aprendizaje de un idioma y por compra de material escolar; plantea una mejora de los deducciones por gastos médicos, eliminando los límites de renta establecidos por el Gobierno de Cantabria, y pide restablecer la deducción por gastos de seguros médicos privados.
Y para el apoyo a los colectivos más vulnerables y personas con mayores dificultades, proponen incrementar las deducciones por acogimiento de menores y cuidado de personas mayores y con discapacidad; deducciones para las familias con dos o más hijos e ingresos inferiores a los 30.000 euros y ampliar las existentes para familias monoparentales.
Además, piden deducciones por alquiler de vivienda para los mayores de 65 años y personas con discapacidad que no tengas una vivienda en propiedad.
También plantean ayudar a los jóvenes a emanciparse y frenar así su marcha de Cantabria “por falta de oportunidades”.
Concretamente, proponen ayudas para que éstos compren su primera vivienda y deducciones para facilitar el acceso a una vivienda de alquiler.
Y para generar actividad económica en la 'Cantabria vacía' y frenar la despoblación del medio rural, proponen desgravaciones para la compra de “cualquier vivienda” en estas zonas. Concretamente, piden que sean del 25%, hasta un límite máximo de 2.000 euros, para la compra de primera vivienda y del 15%, hasta 1.500, si no es la vivienda habitual.