El rechazo mayoritario de la sociedad de Cantabria a la técnica de la fractura hidráulica, expresada reiteradamente en las calles y en el Parlamento autonómico, donde incluso se aprobó por unanimidad durante la pasada legislatura una ley que prohibía el fracking en el territorio cántabro, volverá a hacerse patente con una iniciativa impulsada por el PRC para buscar un resquicio legal que permita alejar de la comunidad autónoma esta amenaza para el medio ambiente y para la salud de los ciudadanos.
Una sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley autonómica, que responde a un recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el beneplácito del Partido Popular, ha acabado con el parapeto legal y ha dejado a más de dos terceras partes del suelo cántabro a merced de los distintos proyectos de investigación para desarrollar la fractura hidráulica que siguen en marcha y que afectan a núcleos de población “muy importantes” y zonas “especialmente vulnerables” como los Valles Pasiegos, Soba y Valderredible.
Ante este escenario, el Parlamento de Cantabria debatirá en las próximas semanas una proposición no de ley presentada este jueves por el PRC que insta a los diputados y senadores por Cantabria y al Gobierno de la comunidad autónoma a actuar “en el menor plazo de tiempo posible” para frenar la “amenaza” del fracking e impedir su desarrollo en territorio cántabro.
En concreto, la iniciativa reclama a los partidos políticos con representación en las Cortes Generales y, especialmente, a los representantes elegidos en la circunscripción de Cantabria, a iniciar “a la mayor brevedad posible” la modificación de la Ley de Hidrocarburos, para que se deje en manos de las autonomías la decisión de rechazar o aprobar los permisos relacionados con los proyectos de investigación y extracción de hidrocarburos no convencionales.
Además, el PRC demanda al Gobierno de Cantabria a utilizar “todos los medios legales a su disposición” para paralizar cualquier desarrollo de proyectos de fracking y declarar la incompatibilidad urbanística necesaria para realizar actividades de este tipo; así como a aprobar figuras de protección (paisaje cultural, monumentos, conjuntos históricos, lugares culturales, zonas arqueológicas...) solicitadas desde los municipios para que sirvan como “escudos protectores” frente al fracking.
La propuesta la han presentado en rueda de prensa los diputados regionalistas Pedro Hernando, Fernando Fernández -alcalde de Valderredible-, Ángel Sainz -alcalde de Villacarriedo-, Francisco Ortíz -alcalde de Astillero-, y Ana Obregón -concejala en Santa María de Cayón-, que consideran “necesario” que el Parlamento se pronuncie nuevamente sobre este asunto dado que la norma que prohibió el fracking en Cantabria, aprobada con el acuerdo de todos los grupos en abril de 2013, fue declarada nula por el Tribunal Constitucional.
Mayor sensibilidad ambiental
Durante su intervención, Fernando Fernández ha recordado que la anulación de la ley cántabra que prohibía el fracking está motivada por el rechazo del actual Gobierno en funciones, lo que en su opinión, “refleja las contradicciones del PP, que en Cantabria dice no al fracking y en Madrid dice sí”.
Además, ha subrayado que la sentencia del Constitucional es “muy discutible” puesto que tres magistrados emitieron votos particulares al considerar que el texto “no pondera debidamente los riesgos de la fractura hidráulica para la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
En este sentido, el PRC considera que la nueva composición de las Cortes Generales tras las elecciones de diciembre “puede ser fundamental” para la prohibición del fracking en Cantabria, puesto que han entrado nuevos partidos “más sensibles” ante los problemas que puede acarrear esta técnica y “han enarbolado su oposición radical” al fracking durante la campaña electoral.
El diputado y alcalde regionalista también ha recordado que el consejero de Medio Ambiente en la anterior legislatura es ahora senador del PP, por lo que “tiene una oportunidad de oro para seguir defendiendo sus convicciones”, ha remarcado. Por todo ello, el PRC confía en que el Parlamento cántabro apruebe su proposición no de ley por unanimidad.