Ni el trascurso del tiempo ni el verano han conseguido apaciguar los ánimos en el PP de Cantabria, que atraviesa una de las crisis más profundas que se recuerdan en su historia. El sector crítico, afín al expresidente Ignacio Diego, que el pasado mes de marzo perdió las primarias por tan solo cuatro votos de diferencia, ha presentado una nueva denuncia en los tribunales contra la nueva dirección del partido por “múltiples irregularidades” en el proceso congresual.
En concreto, la querella criminal va dirigida contra la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria autonómica, María José González Revuela, y la gerente, Jesusa Sánchez, y está firmada por tres militantes que prefieren mantenerse en el anonimato. Se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) debido a la condición de aforada de Buruaga, que es diputada en el Parlamento.
La acusación denuncia un presunto delito electoral y de prevaricación administrativa. Según afirman los querellabtes, el proceso congresual ha estado “viciado de ilegalidades”, y señalan que Sáenz de Buruaga ha actuado “en connivencia” y “con la necesaria colaboración prestada” por quien era tesorera del partido y actual número 2, María José González Revuelta, y por la presidenta del Comité Organizador del Congreso, Jesusa Sánchez, a quien también se acusa de posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos.
Entre los hechos que se describen como presuntamente constitutivos de delito, se apunta a un posible caso de “financiación irregular” en el pago de cuotas a 491 afiliados del PP en la localidad de Laredo, realizadas sin el consentimiento de un militante con minusvalía y que conllevó el desembolso de cerca de 8.000 euros.
Esta regularización masiva ya fue denunciada y archivada por el Juzgado de Instrucción y por la Audiencia de Cantabria al entender que no había indicios de delito. Sin embargo, en la querella se señala que esas 491 transferencias fueron para avalar la candidatura de Sáenz de Buruaga, y se advierte de que para hacerlas se podría haber accedido de forma ilegal a datos personales de afiliados y compromisarios.
También se hace referencia a la inclusión “arbitraria” de afiliados como compromisarios en el Congreso, y a la exclusión, “sin motivo legal alguno”, de otras personas dentro de la circunscripción de Laredo, y se denuncia que la tesorera -González Revuelta- admitió la participación de afiliados que pagaron sus cuotas fuera de plazo.
Esta nueva demanda llega después de la infructuosa mediación de Génova, que a pesar de sus continuos llamamientos a la calma no ha conseguido sembrar la paz en el PP cántabro. En este sentido, el sector crítico, que cuenta con el respaldo de aproximadamente tres de cuatro barones territoriales y de buena parte de los alcaldes populares, lamenta que la dirección nacional no haya atendido sus solicitudes para que se abriera una investigación interna.
“Quieren destruir el PP”
Tras airerse en los medios de comunicación la demanda, la dirección regional del PP ha enviado un comunicado en el que asegura que la querella “responde a una estrategia de acoso judicial por quienes se niegan a asumir el resultado democrático” del cónclave.
Igualmente, afirman que los promotores de esta estrategia “no quieren la reconciliación, sino dinamitar la confianza y destruir a la organización”. “Ni quieren ni han querido nunca al Partido Popular, que han utilizado en su propio beneficio”, añade la nota de prensa, en la que aseguran que la querella no va a prosperar y subrayan que su único fin es “desgastar” a la dirección regional.
Finalmente, la cúpula del partido pide “que se ponga fin a esta estrategia de acoso político, judicial y personal, que la inmensa mayoría de los integrantes de la organización rechazan por completo”.