El Ministerio de Medio Ambiente ha pagado a la empresa Dragados un total de 592.000 euros en certificaciones ordinarias por las obras de la senda costera, que fueron paralizadas por la presión ciudadana, y otros 43.000 euros por la liquidación del contrato, lo que suma un total de 635.000 euros, el 65% del presupuesto inicial del proyecto, que se adjudicó en 978.600 euros.
Así lo señala el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en respuesta a las preguntas que le formuló el pasado 6 de febrero la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, sobre la liquidación de la obra anunciada por el Ayuntamiento de Santander después de una reunión mantenida con la ministra de Medio Ambiente.
En su respuesta, difundida por la propia asamblea, el Ministerio indica que a día de hoy no es efectiva dicha liquidación, cuyo pago se realizará “en los próximos días”, y que cabe recurso de la empresa constructora ya que esta en plazo para realizarlo. La asamblea considera “excesivo” el coste de la agresión a la Costa Norte de Santander, con el proyecto de senda costera, que incluía empalizadas, pasarelas, eliminación de paredes de piedra seca o morios, y subraya que “se podía haber minimizado de haber realizado un paralización mucho antes, cuando comenzaron las primeras quejas de los ciudadanos”.
La asamblea tilda de “barbaridad” lo sucedido y exige un nuevo proyecto de senda costera, que “respete las normas medioambientales de Cantabria, con información pública adecuada”; así como la reversión de los daños causados. “Requerimos tomar nota para que los responsables no vuelvan a dilapidar el dinero de todos los ciudadanos realizando daño al medio ambiente”, afirma la asamblea en un comunicado de prensa.
Hace algo más de un año, a comienzos de la primavera de 2014, la Demarcación de Costas del Gobierno central y el Ayuntamiento de la ciudad -ambas administraciones gobernadas por el PP- iniciaron en la senda peatonal de 10 kilómetros de longitud que transcurre entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar unas obras con el ánimo de “poner en valor” un “elemento turístico de primer orden”, según expresó el alcalde, Íñigo de la Serna, durante la presentación del proyecto.
Sin embargo, aquella actuación que, en palabras del jefe de Costas, José Antonio Osorio, iba a ser “mínima”, se desveló como “totalmente desproporcionada” a juicio de los vecinos. Los habituales de la zona no daban crédito a lo que estaban viendo: kilómetros de vallas que impedían ver el horizonte y la fuerza del mar, formaciones geológicas aniquiladas, construcciones de madera “sin sentido”, movimientos de tierra, maquinaria pesada, hormigón, morios destruidos...
En octubre de 2014, la Demarcación de Costas se vio obligada a paralizar los trabajos en la senda costera de Santander después de una intensa movilización ciudadana, que denunció una actuación “excesivamente agresiva” con la naturaleza. Los restos de la obra, adjudicada por casi un millón de euros, permanecen sobre una zona protegida pese a que en mayo se anunció su retirada.