El sector crítico del PP ha presentado un recurso de recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, y contra la magistrada Paz Hidalgo al considerar que existen claros indicios para dudar de su imparcialidad a la hora de juzgar el caso que investiga supuestas irregularidades en el polémico proceso congresual interno que acabó con el mandato del exlíder de la formación, Ignacio Diego, en favor de la aspirante María José Sáenz de Buruaga.
Tras un infructoso intento de mediación por parte de Génova, los partidarios de Ignacio Diego presentaron el pasado 27 de julio una querella contra Buruaga y contra otros dos cargos del partido -la secretaria autonómica María Jesús Revuelta y la gerente Jesusa Sánchez- por prevaricación administrativa, delito electoral y malversación de caudales públicos, así como por revelación de secretos.
Entre otros hechos, los afines al expresidente denuciaban el pago de la cuota a 491 afiliados -lo que supone un desembolso de más de 8.000 euros- a través de una transferencia realizada desde la cuenta bancaria de una tercera persona con dispacidad y sin su consetimiento con el objetivo de que este casi medio millar de personas pudieran votar en las primarias, las cuales se resolvieron por tan sólo cuatro votos.
La querella se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dada la condición de aforada de Buruaga, y el caso cayó en manos de la magistrada Paz Higaldo, quien en apenas 24 horas desestimó la denuncia sin entrar al fondo del asunto. En el auto, la ponente de la Sala argumentó que no puede haber un delito de prevaricación porque es un delito que se produce en la función pública, de modo que no puede incluirse en el acceso a la presidencia de un partido. De igual forma, sostiene que no puede haber un delito electoral porque éste se circunscribe a los comicios municipales, autonómicos, generales y europeos, y por los mismo motivos, tampoco de malversación de caudales públicos.
En el escrito de recusación, los críticos recuerdan que Paz Hidalgo fue durante 23 años letrada en la Seguridad Social y que en el año 2011 pasó a ser magistrada de la Sala Civil y lo Penal del TSJC precisamente a propuesta del Partido Popular de Cantabria, por lo que consideran que puede tener un “interés directo o indirecto”.
En cuanto a López del Moral, que actuó como presidente de la Sala que desestimó la querella, afirman que “tiene una clara adscripción política al Partido Popular” al haber ostentado el cargo político de director general de Justicia en la Comunidad de Madrid en la época de Ruiz Gallardón, lo que hace que su independencia e imparcialidad esté “en entredicho”.
En el escrito de recusación, que se ha acompañado con un recurso de súplica, los críticos también llaman la atención sobre el sobreseimiento exprés de la querella, teniendo que recurrir incluso al nombramiento de un magistrado suplente debido a que el titular estaba de vacaciones.