Aquí no hay quien viva

No se puede aguantar más. Tenemos otra burbuja del ladrillo, la vivienda es inaccesible para muchos, su precio ha subido más del doble que los sueldos, los fondos y los grandes tenedores se están haciendo con el centro de las ciudades, los pisos turísticos están echando a los vecinos de los barrios, un cuarto de los jóvenes no puede emanciparse hasta después de los treinta, seis de cada diez casas se compran al contado mientras los inquilinos destinan el setenta por ciento de su salario al alquiler y a pesar de todo esto, la ministra del ramo dice que el Gobierno quiere que los promotores y propietarios privados entren en la oferta de vivienda pública porque “hay negocio”. Ya lo dijo Ábalos: “Es un bien de consumo”. Y Rato: “Es el mercado, amigo”. 

Pero no, no es un mercado, ministra, no debe serlo para usted que se dice “socialista”. Basta de mantras neoliberales. La vivienda no está para que unos pocos se hagan ricos con la pobreza o la precariedad del resto. No es un bien de consumo para hacer negocio, es un bien de primera necesidad, un derecho constitucional. El beneficio privado no está por encima del interés general. La vivienda no es una mercancía para jugar al Monopoly, es un derecho básico como la educación y la sanidad. Es una obligación de los poderes públicos promover “las condiciones necesarias” y establecer “las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo (...) para impedir la especulación”. Aunque eso quiera decir intervenir el mercado. No es comunismo, es la Constitución. 

Dice el presidente Sánchez que esta va a ser la legislatura que resuelva el problema de la vivienda. ¿Cómo? Según la ministra, dando seguridad a los propietarios porque “la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan sus rentas”. No, ministra, otra vez no y no. No puede ser que unos pocos vivan de las rentas a costa de los demás. No puede ser que proteja antes a los que más protección tienen. No puede ser que piense en los caseros que forman parte de la minoría más rica antes que en los inquilinos y los propietarios de una única vivienda. No puede ser que mientras tenemos miles de casas sin gente y gente sin casa usted se preocupe de los rentistas, inversores, especuladores y abusadores. 

Presume Sánchez de haber eliminado las Golden Visas del PP que daban visados españoles a quienes compraran casas a partir de medio millón de euros. Una medida clasista que han tardado seis añazos en abolir. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero la dicha es mínima. No es ese el problema, el problema son las Socimis que legisló Rajoy para que los fondos no pagaran impuestos y se hicieran con todo el parque que la crisis había dejado a precio de ganga. Les vendió el país y hoy lo estamos pagando. Si el presidente del Gobierno quiere realmente empezar a resolver el problema tiene que eliminarlas y poner límites a la adquisición de inmuebles de los fondos. “Intervenir el mercado de la vivienda es una urgencia social”, ha dicho Sumar. No solo: es un mandato constitucional.

Digámoslo claro: los autoproclamados “gobiernos más progresistas de la democracia” no han hecho suficiente para acabar con esta lacra. Unidas Podemos lo intentó y se encontró con el muro del PSOE. La ley que aprobaron no sirve. Vamos a peor. La solución es mucho más radical. Hay que ir contra los grandes pero también contra los medianos propietarios, contra todos esos que se suman a esta nueva fiebre del ladrillo que enferma al país. Hay que hacer muchísima vivienda pública pero no como inversión para los que hacen negocio. Hay que liberar pisos de la Sareb y obligar a los propietarios a alquilar. Hay que poner límites a los precios, a los pisos turísticos y a la acumulación de propiedad. Hay que perseguir la ilegalidad. Hay que cambiar la mentalidad del país y proteger a los inquilinos de los tiburones y no al revés. Hay que intervenir, sí señora ministra, intervenir el mercado. No lo espero de los “socialistas”, pero espero más ruido y más furia de Sumar. Porque si la izquierda no resuelve el mayor problema material que tenemos, que se despidan. O es la legislatura de la vivienda o el Gobierno no será.  

No se puede aguantar más. Tenemos otra burbuja del ladrillo, la vivienda es inaccesible para muchos, su precio ha subido más del doble que los sueldos, los fondos y los grandes tenedores se están haciendo con el centro de las ciudades, los pisos turísticos están echando a los vecinos de los barrios, un cuarto de los jóvenes no puede emanciparse hasta después de los treinta, seis de cada diez casas se compran al contado mientras los inquilinos destinan el setenta por ciento de su salario al alquiler y a pesar de todo esto, la ministra del ramo dice que el Gobierno quiere que los promotores y propietarios privados entren en la oferta de vivienda pública porque “hay negocio”. Ya lo dijo Ábalos: “Es un bien de consumo”. Y Rato: “Es el mercado, amigo”.