Aceptado el recurso de los vecinos de Almendros por “irregularidades” en la explotación porcina del municipio

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha admitido a trámite el recurso que por la vía contencioso-administrativa presentó la Asociación Vecinal de Almendros, ADERA, contra la resolución del Registro Ganadero concedido a Agropardal de Almendros S.L. para la explotación porcina de investigación que se está construyendo en este municipio conquense.

Este colectivo ciudadano recuerda que la polémica con esta explotación se originó cuando se hizo público que se estaba tramitando desde el Consistorio en paralelo a otra instalación de una macrogranja de 88.000 lechones y que ambas compartían “similitudes escandalosas”, concesión de agua de un pozo público destinado para casos de emergencia, suministro eléctrico de una línea propiedad del Ayuntamiento y la ubicación de ambas explotaciones sobre terrenos propiedad del alcalde, Acisclo Jiménez Rodriguez, que gobernaba entonces con mayoría absoluta.

Según apuntan, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habría concedido el Registro Ganadero sin contar con los permisos pertinentes, sobre todo los de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y del Ayuntamiento, y amparándose en un escrito “firmado de puño y letra por el exalcalde a solicitud de la Consejería de Agricultura”, en el que “en cuatro líneas” decía que no veía inconveniente a que esta explotación se inscribiese en el Registro Ganadero. Se da la circunstancia que el exalcalde firmó este escrito estando en funciones y pocos días antes de abandonar el Ayuntamiento mientras se tramitaba la legalización de la explotación.

ADERA que por todo ello, la Dirección General de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha “tendrá que dar explicaciones ante la justicia”. “Existen animales en la granja, que a día de hoy no sabemos ni su origen, ni su destino, ni el uso que se les está dando, ni siquiera las condiciones en las que están viviendo esos animales”. “Hemos solicitado a la Junta en varias ocasiones aclarar por vía administrativa la resolución de expediente y la respuesta que hemos recibido del Delegado provincial, Joaquín Cuadrado, ha sido que el Ayuntamiento de Almendros es competente en materia de actividad económica de esta explotación y desde el Consistorio se recibió la no oposición al desarrollo de la actividad ganadera en los términos planteados”. Este es el motivo por el que la asociación ha recurrido a la justicia.

No hay licencia de actividad

La nueva alcaldesa de Almendros, Elena Fernández, apoyada por la secretaria, sostiene que la granja carece de “licencia de actividad” y aún se está tramitando en el Consistorio la legalización de las obras ejecutadas. Ha dicho que “hay que hacer las cosas bien desde el principio” y que vería incluso “prevaricador” por su parte autorizar una licencia de actividad de una obra ejecutada que no se ajusta a lo proyectado y cuyo fin no se corresponde con la licencia de obras obtenida. El deseo del Ayuntamiento es que el promotor de la granja presente la documentación requerida en los tres expedientes de legalización que tiene abiertos y se le pueda conceder licencia de primera ocupación para el desarrollo de la actividad.

ADERA considera que la granja, con una subvención aprobada por la Junta, opera de modo clandestino y ha sido denunciada por la Confederación del Guadiana y el SEPRONA.

Por otra parte ADERA anuncia que se dirigirá a la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha para conocer los protocolos que se siguen para validar las subvenciones concedidas. Esta instalación porcina ha justificado un gasto subvencionable de algo más de 550.000 euros y habría obtenido una subvención de 233.819 euros de la Línea de Ayudas ‘Adelante Inversión’.