La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha vuelto a solicitar al Gobierno regional la implantación de una Unidad de Investigación de Venenos, así como una Unidad Canina, en cada una de las provincias, que mejoraría los resultados obtenidos en la nueva campaña que llevan a cabo, para detectar el uso ilegal de veneno en el medio natural.
Y es que, desde el pasado mes de enero se ha programado un gran número de inspecciones en la región, con el objetivo de perseguir la muerte de especies predadoras de las especies de caza menor, aunque últimamente “estamos siendo testigos del uso de veneno también en zonas urbanas en las que se han visto afectadas especies domésticas, especialmente de perros”, señala la Asociación.
Estas inspecciones se realizan en terrenos cinegéticos, principalmente de caza menor, y preferentemente en aquéllos en los que ha existido algún caso anterior de uso de veneno o de envenenamiento de fauna, en los que pueda existir sospechas de su aparición. Asimismo, en áreas en las que viven especies amenazadas, especialmente aquéllas que se alimentan también de carroña y que pueden llegar a morir por la ingesta de especies que han sido previamente envenenadas.
Para efectuar esta campaña, se programan un gran número de inspecciones en el medio natural de toda la región. Dichas inspecciones, si bien se realizan con mayor intensidad durante la primavera y el verano, se prolongan durante todo el año.
Se forman equipos de búsqueda integrados por agentes medioambientales de las distintas demarcaciones, batiendo distintas áreas de diferentes acotados de caza. Este trabajo permite no sólo detectar venenos, sino también el hallazgo de medios ilegales no homologados de captura, como lazos, cepos y cajas-trampa, principalmente. Además de estos equipos, en Castilla-La Mancha se cuenta con unidades especializadas en la lucha contra el veneno como son las UNIVE y la Unidad Canina de Albacete, también formadas por Agentes Medioambientales. Esta última cuenta con perros especialmente adiestrados para este fin.
“Estas inspecciones constituyen un trabajo vital para la conservación y protección de nuestras especies de fauna, y el éxito de estas actuaciones permite poner a disposición judicial al autor o autores de un delito recogido en nuestro Código Penal, o en su caso la imposición de infracciones administrativas ejemplares”, concluye.