Castilla-La Mancha ya cuenta con una nueva Ley de Aguas que actualiza la normativa anterior de hace 20 años sobre el ciclo integral de este recurso. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado la norma con los únicos votos del PSOE y su mayoría absoluta y el rechazo de PP y Ciudadanos. Entre sus novedades más importantes se encuentra la polémica instauración de un nuevo impuesto al agua y la posibilidad de que la Administración regional pueda ser “escuchada” en las decisiones sobre transferencias de agua que afecten a sus intereses. Hasta ahora, la polémica ha girado en torno a ese nuevo canon, pero la normativa incorpora otras novedades que han pasado más desapercibidas.
El objetivo de la ley es actualizar la política de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, así como la ordenación de sus correspondientes infraestructuras manteniendo el equilibrio económico-financiero en la gestión de los servicios esenciales del ciclo del agua. Además de establecer las infraestructuras hidráulicas de interés regional, modifica los artículos de la normativa anterior referidos al régimen de intervención subsidiaria de las administraciones.
El impuesto el agua es la parte que ha generado más polémica. El texto normativo lo define como “canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua o canon DMA”. Es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que tendrá “naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal”. Gravará el uso y consumo del agua, “a causa de la afección al medio que su utilización produce” y su recaudación, según dice la propia ley, servirá para “la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos”.
Pagar más o menos dependerá de muchos factores porque el canon medioambiental tiene una parte fija y otra variable. Para los usos domésticos la parte fija de la cuota es de dos euros por vivienda y mes, pero a eso hay que sumar el número de personas en cada vivienda y el volumen de agua que consumen. Esta parte oscilará entre los cero euros (hay casos de exenciones del 100%) hasta los 0,60 euros por m3 de agua consumida.
Pero más allá del controvertido impuesto del agua, la normativa incorpora muchas otras novedades, algunas de ellas de gran importancia simbólica. En sus disposiciones adicionales incorpora, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el reconocimiento del derecho de la comunidad autónoma a ser oída en relación con los procedimientos que, en materia de agua, afecten a los intereses de Castilla-La Mancha. Concretamente, establece que se deberá dar trámite de audiencia a Castilla-La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver afectados sus intereses para que pueda alegar cuanto estime oportuno en defensa de aquellos.
No menciona expresamente a la histórica polémica del trasvase Tajo-Segura pero con ello se garantiza, al menos, presentar alegaciones en las decisiones en la Comisión de Explotación de esta infraestructura, donde actualmente no tiene representación. La redacción de esta parte era muy diferente en el primer borrador de la ley. Se establecía entonces que la Administración autonómico podía emitir “informe preceptivo”, es decir, vinculante, a todas aquellas actuaciones que atentaran contra sus intereses. Esta parte se ha ‘suavizado’ posteriormente hasta la redacción actual.
Otra de las novedades de la ley es la ampliación de la normas de protección ambiental en lo referido a las vertidos de aguas residuales a las redes de saneamiento, aunque sus concreciones se fijarán en el futuro Reglamento de desarrollo. Prohíbe así los vertidos en las redes de colectores generales y estaciones depuradoras de aguas de todos los productos, sustancias, compuestos, materias y elementos que se concretarán en esa regulación posterior. En estas instalaciones se admitirán como vertidos toleradas aquellas aguas residenciales cuyas características de contaminación no sobrepasen, en concentraciones instantáneas, los límites que fijará también ese futuro Reglamento.
En cuanto al régimen sancionador, la novedad es la inclusión de las infracciones derivada de la intervención de las entidades suministradoras en la gestión del nuevo impuesto al agua y de su repercusión en la factura del agua.
Entrada en vigor con régimen transitorio
La nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No obstante, los artículos referidos al canon medioambiental entrarán en vigor a los seis meses. Pero el apartado en el que se regula como hecho imponible del canon las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento el plazo de entrada en vigor se retrasa hasta los cuatro años para que las entidades afectadas puedan realizar las adecuaciones pertinentes.
El debate de la votación en pleno lo ha abierto el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido este recurso como “imprescindible para la vida, la preservación de ecosistemas y la biodiversidad”. Según ha destacado, en Castilla-La Mancha, el agua es además un elemento dinamizador del progreso, la actividad económica y el desarrollo social, y por este motivo, la nueva ley ha sido “muy participada” por organismos, colectivos y el conjunto de la sociedad civil,.
Dicho esto ha destacado las carencias en materia de agua en una región “extensa pero poco poblada”, donde más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y prestar servicios públicos allí es un “reto considerable”. Y tras repasar las actuaciones del Gobierno regional en infraestructuras hídricas, con especial mención a la futura finalización dela Tubería Manchega, ha defendido el canon medioambiental como imposición de la DMA y como impuesto que ya ejecutan la mayoría de las comunidades autónomas.
“Vamos a invertir muchos recursos para la depuración y todo ese objetivo necesita de esta ley”, ha concluido, realizando un llamamiento en el que también ha incidido el diputado socialista y ponente del dictamen, Francisco Pérez Torrecilla, reiterando la necesidad de este nuevo impuesto bajo la premisa de “quien contamina, paga”.
La oposición, por su parte, ha repetido el esquema que ya se vivió en la Comisión parlamentaria que debatió las enmiendas de la nueva ley, arremetiendo contra el nuevo impuesto. La diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha comenzado su intervención criticando que la normativa adolece de transparencia y participación y su objetivo es “únicamente recaudotorio”. “No es solo una ley tributaria pero sí en gran parte, porque busca endosar impuestos por doquier y sin miramientos con su mayoría absoluta”, ha añadido.
También ha reprochado al Gobierno regional “haber empezado ni a cumplir” el Pacto del Agua de Castilla-La Mancha y aplicar un “impuestazo” para “esquilmar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha con el objetivo de financiar infraestructuras que no ejecutan ni siquiera con las partidas ya existentes”. “Esta ley solo va de hacer suyo un bien público y derecho humano como es el agua”, ha espetado al Ejecutivo regional.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, también ha centrado su intervención en el nuevo canon, afirmando que no se debate una Ley de Aguas sino “una ley que, con la excusa del agua, aumenta la presión fiscal de todos los castellanomanchegos”. De hecho, ha afirmado que es falso que sea una imposición de la DMA y que del total, del texto normativo, dos tercios son tributos y sanciones.
“Debería llamarse ley de los tributos del agua de Castilla-La Mancha, porque lo que hace es coger dos leyes existentes, refundirlas y añadir un nuevo impuesto. Vuelve a meternos la mano en el bolsillo a todos los castellanomanchegos. No aporta ni una sola gota de agua para la región, no resuelve ni uno solo de los problemas del agua en la región, ni tampoco los problemas medioambientales, es una manera de encubrir la creación de un nuevo impuesto”, ha recalcado.
Finalmente, la diputada se ha referido también a la “desaparición” en la ley del informe preceptivo del Gobierno regional sobre transferencias de agua como las del trasvase Tajo-Segura: “Se lo han cargado, Page ha renunciado a ello y lo ha sustituido por el ridículo trámite de audiencia al interesado, que ya es obligatoria según la Ley del Procedimiento Administrativo Común, con lo que se han vuelto a bajar los pantalones ante el Gobierno de España”.