El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un plan específico de inspección en las residencias de personas mayores de la comunidad autónoma que permitirá “auditar y mejorar” su modelo de atención durante la pandemia de coronavirus. Para ello, el Ejecutivo realizará un 26% más de inspecciones que en el mismo periodo del año anterior, en una apuesta por “repensar” la organización y funcionamiento de estos centros. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien además ha querido “romper un lanza” a favor de los trabajadores y trabajadoras (un 80% son mujeres) de las residencias de la comunidad autónoma.
La consejera ha iniciado su intervención subrayando que han sido las personas mayores las más afectadas por la pandemia y que por lo tanto su protección es un “objetivo fundamental” del Ejecutivo. “Desgraciadamente este virus ha tratado cruelmente a las personas mayores y nos hemos tenido que despedir de muchos seres queridos. Cuando fallece una persona mayor, muere por el virus; cuando fallece en un hospital, muere por el virus; y cuando fallece en una residencia, muere también por el virus, no por la residencia”, ha remarcado.
“Nadie esperaba esta pandemia”
Dicho esto, ha querido reconocer el “trabajo y esfuerzo” por parte de todos/as los/as profesionales en las residencias, resaltando que “nadie esperaba esta pandemia” y que por tanto es elogiable el trabajo de todas ellas, “desde la limpiadora a la directora y a las auxiliares”.
“Las residencias han llorado de dolor y siguen haciéndolo ahora por el trabajo, por el esfuerzo y por las despedidas de las personas mayores. Son los hogares de las personas mayores, es donde desarrollan sus proyectos de vida y el apoyo para sus necesidades básicas, tienen muchas vidas, mucha vida y muchas historias que contar”, ha añadido, poniendo además ejemplos de directoras que “no están en sus despachos”, sino atendiendo las necesidades de cada residente.
Así, la consejera de Bienestar Social ha admitido que lo sucedido con el coronavirus hace necesario “repensar” el modelo. “No cambiarlo totalmente, pero sí adaptarlo, porque las residencias de ahora no son como las que de hace 30 años y tendremos que adaptarnos a las nuevas necesidades. Se ha hecho un trabajo impecable, profesional y cercano y, si en algún centro ha podido haber mala praxis, tendrán que responder de las consecuencias”.
Es en este contexto donde ha anunciado un plan específico mediante el cual se reforzará un 26% la inspección de los centros residenciales de personas mayores con relación al mismo periodo del año anterior, y que se desarrollará durante el estado de alarma. El objetivo fundamental será velar por la calidad y la seguridad de estos centros, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente tanto en los públicos como en los privados.
Esta medida servirá a su vez como base para “auditar y mejorar” el modelo de centros residenciales de la comunidad autónoma. De hecho, Aurelia Sánchez ha indicado que en la primera fase se realizarán 50 inspecciones en centros residenciales por parte de los 21 inspectores e inspectoras de la región. Por provincias, Albacete cuenta con 4 profesionales, Ciudad Real también 4, Cuenca 4, Guadalajara 4 y Toledo cuenta con 5 profesionales. Con ello, se buscará “verificar y controlar” que se cumplen los protocolos de actuación.
Para garantizar la protección de los usuarios de los centros residenciales, este plan supervisará los recursos humanos disponibles para la atención directa a las personas mayores así como las condiciones higiénicas de las instalaciones y alimentación de los usuarios. También velará por el cumplimiento “del ejercicio de los derechos y deberes de las personas usuarias establecidos en la normativa vigente”, teniendo en cuenta la normativa dictada con motivo del estado de alarma. Y registrará si han existido traslados por este motivo además de la organización y distribución de los espacios del centro.
Cumplimiento de planes de actuación
Finalmente, se supervisará la disponibilidad y cumplimiento de planes de actuación para, en su caso, asesorar a los centros sobre las actuaciones a realizar a fin de mejorar el bienestar de los usuarios y el cumplimiento de la formación e información de los procedimientos COVID- 19.
Por otro lado, Aurelia Sánchez ha puesto en valor el trabajo que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Desarrollo Sostenible -a través del dispositivo especial de GEACAM- para la desinfección de los centros residenciales, con 1.373 servicios de desinfección a día de hoy. De estos, 798 han sido en centros de mayores desde que se puso en marcha el dispositivo especial el pasado 20 de marzo.
Posteriormente, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que, al igual que con el personal sanitario en hospitales, el Gobierno castellanomanchego mantendrá al que trabaja en residencias, incluso hablando con los empresarios del sector, es decir, los que gestionan los centros privados.
Para ello, en total se realizarán 50.000 test a trabajadores asintomáticos para medir la seroprevalencia. “Será fundamental para el análisis de refuerzo de plantillas en los centros privados para que sus directores tengan la información”, ha concluido. En total, se han hecho ya 8.369 test entre rápidos y PCR en centros socio-sanitarios.