En Castilla-La Mancha no se han abierto todavía diligencias penales relacionadas con los fallecimientos en residencias de ancianos, coincidiendo con la crisis del coronavirus, según fuentes de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha.
Desde las Fiscalías de las diferentes provincias de la región se está recabando información sobre la situación en la que se encuentran los ancianos alojados en la residencias afectadas aunque eso, según las mismas fuentes, “no significa la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía, sino que es una investigación general dirigida a averiguar la situación de los ancianos”.
Los fiscales jefes en la región siguen las directrices de la Fiscalía General del Estado que ha desplegado una red dirigida a “recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente” en todo aquello que sea de su competencia ante “la situación que están atravesando” los ancianos que están ingresados en estos centros.
La decisión de crear la red de fiscales se tomó tras las muertes producidas, entre otras, en la Comunidad de Madrid o en la Residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real): 15 fallecidos y 34 afectados más, según los únicos datos facilitados hasta el momento. O las nueve muertes en Albacete, en la Residencia Núñez de Balboa.
La Fiscalía General del Estado “ha establecido en toda su estructura territorial una red” para poder actuar con más eficacia en “los acontecimientos” que afecten a esta población, en particular a este sector tan vulnerable, y que puedan ser objeto de las competencias de la Fiscalía. Serán los fiscales jefes de las diferentes provincias quienes remitan la información a las Fiscalías Superiores.
Los detenidos por vulnerar el estado de alarma
Además, en Castilla-La Mancha, los juzgados de guardia están ya recibiendo los atestados por desobediencia a la autoridad por incumplimiento del Real Decreto que establece las normas a seguir mientras siga vigente el estado de alarma.
En estos juzgados, según las fuentes consultadas por eldiarioclm.es, ya se está procediendo a abrir las correspondientes aperturas de diligencias previas y una vez que pase el estado de alarma se tramitarán para su investigación y celebración de juicio si así es necesario en cada caso.
Fuentes judiciales indican que en algunos casos “es posible” que la autoridad policial esté tramitando los citados atestados y que se proceda a dejar en libertad a los detenidos, a la espera de lo que se resuelva en el Juzgado, una vez pase el estado de alarma.
Según los datos de la Delegación del Gobierno de España en la región, solo Guardia Civil y Policía Nacional habían detenido a 18 personas hasta el pasado domingo desde que se iniciase el estado de alarma. Unos datos que se actualizarán mañana jueves y a los que hay que sumar las detenciones practicas por las policías locales en la región.