Más de 2.200 empresas y 16.400 trabajadores forman parte del sector de la economía social de Castilla-La Mancha. Para el Gobierno regional es un área “estratégica”, contando con que se trata de la cuarta comunidad autónoma que más empleo genera través de la misma, después de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Es el motivo por el que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento para iniciar el trámite legislativo de una nueva Ley de Microempresa Cooperativa y Cooperativa Rural, a través de la cual se concreta la regulación del sector.
Así lo ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, precisando que más del 62% de la economía social de la región lo conforman las cooperativas, que además generan el 72% del empleo. Ha resaltado que se trata de puestos de trabajo “estables y de calidad” y que casi la mitad de los municipios de la comunidad autónoma cuentan con una cooperativa.
La nueva norma vendrá a modificar la normativa existente de 2002 y su posterior modificación en 2010, cuando se adoptaron cambios sustanciales del modelo de cooperativas para adaptarlo a la normativa europea. Entonces ya se establecieron estos dos nuevos modelos (la microempresa cooperativa y la cooperativa rural), y con la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page, “tras cuatro años del PP sin desarrollar estas figuras”, ahora ha decidido impulsarlas mediante una ley al existir consenso con el sector.
En el caso del primer modelo, el de microempresa cooperativa, el objetivo del Gobierno es regular el funcionamiento de la cooperativas de trabajo asociado, que es una “buena fórmula de empresa” ya que “se adapta muy bien a momentos de crisis”, la tasa de extinción muy inferior a la del resto de empresas, generan más empleo y sobre todo, los puestos de trabajo son “de mucha calidad”.
Al tener las comunidades autónomas la competencia exclusiva en este sector, la consejera ha destacado el objetivo de la Junta de dar respuesta a todo tipo de iniciativas emprendedoras que incluirían tantas posibilidades como servicios ofrecen las cooperativas: servicios de educación, agrarios, consumo o vivienda, entre otras muchas. “El modelo encaja con los tiempos actuales de creación de empresas porque da respuesta a compañías de reducido tamaño, que empiezan emprendiendo en pequeño mediante vías accesibles”, ha recalcado Patricia Franco.
Articulación de los pagos y capital social
Concretamente, la futura Ley permitirá a estas microempresas operar “sin los condicionantes del trabajador autónomo” y una mayor flexibilización: el mínimo de miembros para su constitución será de dos personas (en vez de tres), se articulará el pago de las cuotas a la Seguridad Social de manera anticipada, se simplificará el funcionamiento de los órganos sociales de la cooperativa, y se facilitará la constitución de la sociedad al permitir que se desembolse en una primera disposición el 50% del capital social de inicio (en vez de los 3.000 euros obligatorios) y la cantidad restante en un plazo máximo de hasta dos años.
En cuanto a las cooperativas rurales, la segunda ‘pata’ de la futura ley, la consejera ha remarcado su carácter novedoso: esta figura, que en muchos pueblos supone el “pulmón de toda su actividad”, no existe en ninguna otra región española. Entre las novedades incluidas, ha detallado que las cooperativas agrarias pasarán a denominarse oficialmente cooperativas agroalimentarias; y podrán aglutinar más sectores de actividad (desde las nuevas tecnologías, pasando por la dependencia y la educación) con al menos dos ámbitos de actuación en municipios con una población igual o menor a 15.000 habitantes. Finalmente, el borrador de la nueva norma incluye algunas modificaciones de la anterior como la eliminación de la obligatoriedad de presentar el certificado de denominación de estas microempresas y cooperativas.
Patricia Franco ha recordado que esta norma viene a completar las ayudas al sector de la economía social que próximamente aprobará el Gobierno por valor de 850.000 euros. Y también ha adelantado que la Consejería está trabajando en otras tres órdenes de tramitación electrónica para facilitar el registro de cooperativas puesto en marcha en 2015.