El Gobierno de Castilla-La Mancha ha justificado la Ley que ya ha sido aprobada a principios de este mes con diferentes argumentos que van desde lo social hasta lo económico pasando también por lo medioambiental. El portavoz de Gobierno, Leandro Esteban, ha señalado que la Ley “tendrá gran carácter social” al favorecer y facilitar la caza, además de garantizar la conservación de la naturaleza. Ente otros aspectos, se ha señalado que ayudará a crear empleo y potenciará el crecimiento económico de la región, además de agilizar la burocracia de los cotos de caza.
La Plataforma en contra de la Ley de Caza, tal como lo indica su nombre, es un colectivo que aglutina alrededor de cuarenta organizaciones que se han pronunciado firmemente en contra de esta legislación. Mayormente ecologistas, pero también de otros aspectos como el turismo rural, han acusado al Gobierno de crear una ley que sólo favorecerá a la caza de carácter más intensiva, afectando gravemente al resto de las actividades que se realizan en los montes públicos de la región. Pero no son los únicos.
Los cazadores, reunidos en organizaciones y a título personal, han apuntado que la ley perjudicará gravemente los aspectos más tradicionales de la caza. En la mesa redonda organizada por la Plataforma en Toledo para debatir la nueva legislatura, Manuel Alonso Wert, Presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, señalaba que los cazadores también cumplen el papel de cuidadores del medio natural. “Todos pensábamos que la caza debía tener un carácter más bien social, al margen de deporte y del comercial. Tradicional”, señalaba Wert. En este contexto argumentan que hay aspectos de la ley que no pueden admitir, como los vallados, o el impulso desproporcionado a los fines comerciales de la práctica. “No estamos de acuerdo con algunas quejas de Ecologistas en Acción, pero sí se puede llegar a un encuentro entre ecologistas y cazadores”, ha señalado.
Desde WWF España, Carlos Cano Domínguez, que también se identifica como cazador, asegura que la Ley se ha fabricado para los intereses del sector más intensivista, ligado al negocio de la caza comercial. Cano ha señalado algunas de las medidas, como la intensificación de vallados, como una forma de consolidar las presiones de un sector minoritario que ha tenido siempre influencias en los Gobiernos, en especial con el actual. “No son compatibles con la conservación de las especies silvestres y de las propias especies cinegéticas”, ha señalado. Además, asegura que con las nuevas medidas se ha dado “marcha atrás”, en vez de solucionar los problemas de intensificación que ya existen en el medio.