En la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), integrada en CEOE-CEPYME estatal, no quieren saber nada de los paros convocados por la Plataforma Nacional del Transporte liderada por el albaceteño Manolín Hernández. Fuentes de la patronal castellanomanchega han confirmado a elDiarioclm.es que la federación que agrupa a estos trabajadores en la región (FETCAM) en las cinco provincias y que representa a 2.500 empresas se desmarca en bloque de los paros convocados a partir de la madrugada del próximo 14 de noviembre.
Las mismas fuentes apuntan que la Federación de Transporte de Mercancías de Castilla-La Mancha sigue la línea de rechazo ya manifestada por la Confederación Española CETM, puesto que integra a las principales asociaciones del país.
En Castilla-La Mancha hay previstas 15 marchas y 1.500 camiones, a razón de dos marchas diarias de protesta solo en la provincia de Ciudad Real. Es la estimación de la Plataforma en Defensa del Transporte, que ha anunciado un nuevo paro indefinido. La última vez, el pasado mes de marzo, se prolongó durante dos semanas y sumió en el caos a sectores que, como el agrario o el ganadero, dependen del suministro por carretera. Las marchas se desarrollarán en puntos estratégicos y en el sector temen que se repitan los episodios de violencia: ruedas pinchadas, rotura de lonas, palabras altisonantes y hasta agresiones
En la patronal castellanomanchega del transporte de mercancías no ocultan su sorpresa ante esta convocatoria. El presidente de la Federación autonómica, Carlos Marín, se muestra también preocupado. “Se está trasladando el mensaje de que será más contundente que la anterior. No hay que asustar a la gente”.
Es un “paro patronal”: los piquetes “son ilegales”
Y en este aspecto asegura: “Hay que respetar al que quiera parar, pero también pedimos respeto para el que quiera trabajar, porque el problema es que estos señores plantean esto como una batalla campal entre los que quieren trabajar y los que no”. Marín recuerda que no se trata de una huelga de trabajadores, sino de “un paro patronal” y por tanto “los piquetes informativos son ilegales por principio. Y claro, si además se informa a la gente amenazando es un problema”.
Por tanto, todas las asociaciones integradas en la federación regional remiten al comunicado del Departamento de Mercancías del Comite Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que apunta que pese a las dificultades que las empresas y profesionales del sector continúan sufriendo, principalmente por el incremento del precio del combustible, este colectivo sigue apostando por la negociación con el Gobierno como “el único camino válido para lograr avances estructurales para nuestra actividad, que le permitan superar con éxito la actual coyuntura económica”.
Acuerdos tan relevantes como los alcanzados hasta la fecha, que responden a reivindicaciones históricas del sector como la prohibición de la realización de las labores de carga y descarga por parte del conductor, la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, la reducción delos tiempos de espera, la devolución mensual del gasóleo profesional, o la Ley de la Cadena de Transporte, “no pueden menospreciarse y dejar de estimarse en su justa medida”, argumenta el Comité Nacional.
Las medidas adoptadas ya mejoran las condiciones sociales
“Todas ellas son herramientas que, además de mejorar las condiciones sociales de los conductores, están sirviendo para que los transportistas se defiendan mejor en el mercado y puedan evitar determinados abusos por parte de sus clientes y cobrar un precio justo por sus servicios”, apuntan.
“Un paro indefinido no es la solución a estos problemas y desde el CNTC insistimos en que el diálogo con el Ministerio será el que permita la consecución de los objetivos anteriormente descritos. En consecuencia, las asociaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, no están a favor del paro y apuestan por trabajar con la Administración en la búsqueda de soluciones”.
Asimismo, confían en que las empresas y autónomos puedan ejercer su derecho a trabajar con total libertad y que, en esta ocasión, “no tengan que verse obligados a parar su actividad debido a episodios como los que se vivieron en el mes de marzo, en los que se registraron importantes daños humanos y materiales”.