El concierto único con ayuntamientos mejorará un 15% la financiación de servicios sociales
- La Junta considera que este nuevo modelo de política social dará “seguridad financiera” a los consistorios durante diez años
El nuevo marco de concertación única con ayuntamientos de Castilla-La Mancha que va a poner en marcha el Gobierno regional para la financiación de la red de servicios sociales, llegará a incrementar la aportación del Ejecutivo regional entre un 10 y un 15%, además de dar seguridad financiera a las corporaciones locales durante un tiempo de diez años. Así lo ha asegurado el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, con motivo de la sesión ordinaria del Consejo Asesor de Servicios Sociales.
“Ningún ciudadano de la región va a ver mermada la financiación que recibe su ayuntamiento”, ha resaltado, refiriendo que se va a poner en marcha un proceso de implementación y unificación de los convenios en materia de Servicios Sociales con los ayuntamientos“. También ha precisado que el nuevo marco de concertación única con ayuntamientos mejorará los Servicios Sociales de Atención Primaria, que el anterior Gobierno del PP redujo un 40%.
Uno de los principales problemas de los ayuntamientos a la hora de financiar la prestación de servicios sociales de atención primaria es el cambio continuo de las condiciones de pago, debido a la multitud de convenios existentes. Eso provoca que muchas de estas entidades locales vean sus presupuestos desequilibrados de un año para otro y que ello afecte a la prestación de una competencia que es esencial para los más desfavorecidos. Para invertir esta situación, se aprobará este marco único de concertación.
El objetivo principal es agilizar y facilitar la atención primaria, una de las prioridades marcadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla la Mancha. Los servicios sociales de atención primaria que prestan los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema de servicios sociales, la primera administración a la que se dirigen particulares y familias a pedir ayuda.
Por eso, el texto busca garantizar la estabilidad: que las condiciones de financiación se mantengan al menos tres años y que sea en esos periodos cuando se puedan revisar.
