La consejera de Bienestar Social defiende que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación “mucho más ventajosa”

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha respondido a las críticas tras la modificación --publicada esta semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha-- para “no incorporar a más personas al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), sino trabajar para que estas se incorporen al Ingreso Mínimo Vital”, prestación, “mucho más ventajosa para las personas y las familias”.“Pero las personas con derecho a IMS que reciben esta renta autonómica la seguirán percibiendo este año, el año próximo y los meses que tengan derecho. La financiación se mantiene”, ha defendido la consejera, que ha asegurado que el Ejecutivo regional apuesta por un sistema complementario al Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central “que coordine también su mejor inclusión social y familiar en la región”.

“Desaparecen las nuevas incorporaciones pero se mantiene el IMS, se potencia el IMV y, en un futuro próximo, se pondrá en marcha un sistema complementario al Ingreso Mínimo Vital que coordine la inclusión laboral, formativa y social, con el objetivo de romper la cronificación de la pobreza. Cualquier persona que tenga una difícil situación social y económica en la región, que lo esté pasando mal, en ningún caso el Gobierno les va a abandonar. Trabajamos por ellos y para ellos”, ha manifestado Sánchez.

Reducción de la pobreza

La consejera, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, ha realizado estas consideraciones después de que EAPN presentará el X Informe El Estado de la Pobreza 2008-2019. Sobre él, ha destacado que “desde 2016 la población en riesgo de exclusión social o pobreza en la región se ha reducido en 151.000 personas, mediante las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Emiliano Garcia-Page en la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social 2017-2020”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha aseverado que la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, que fue la primera Estrategia a nivel nacional, atiende las necesidades sociales de los castellanomanchegos con el impulso coordinado de actuaciones del conjunto de la Administración regional, desde diferentes áreas de trabajo del Ejecutivo autonómico para luchar contra la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, tal y como se pactó con la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN).

“La pobreza no es un problema en exclusiva de falta de ingresos, se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas que cronifican la pobreza y, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital, se están realizando ajustes en el sistema de protección regional para complementar a esta prestación en aquellos supuestos que no estén cubiertos”, ha insistido.

En este caso, la consejera de Bienestar Social ha recordado que la tasa AROPE, principal indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social era del 36,7%, y que en este último informe de 2019 es del 30,7% 6 puntos menor, lo que ha supuesto que en este período de tiempo 151.000 personas hayan salido del riego de pobreza.

Del mismo modo, ha insistido en que actualmente “se está trabajando en concluir la evaluación de la Estrategia con la finalidad de su renovación que tenga en cuenta la experiencia y los resultados. ”También la nueva realidad social que estamos viviendo y las consecuencias no sólo sanitarias sino también sociales y económicas que está originando la pandemia de la Covid-19“, ha dicho.

Según ha añadido Sánchez, Castilla-La Mancha siempre ha apostado por un sistema de rentas básicas estatal, cuestión que se ha visto concretada con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, como renta sustitutiva de las rentas autonómicas, que se completa con un sistema de apoyos complementarios, desde las comunidades autónomas.

Por último, Aurelia Sánchez ha recordado que con la crisis sanitaria del COVID-19, el Gobierno regional, ha puesto en marcha las Ayudas de Emergencia Excepcional, para paliar la situación de pobreza económica para de familias de Castilla-La Mancha, con una cobertura para las familias que han dejado de tener ingresos, o estos son muy bajos.