“No hemos pagado lo suficiente por los servicios que ofrecen los ecosistemas”. Con esta frase de la directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita, puede resumirse el nuevo paradigma que comienza a tomar forma en todo el mundo: que los productores, gestores y conservadores que son propietarios de zonas del medio natural puedan cobrar por los servicios que prestan. ¿Quiénes pagarían? Las personas, entidades, asociaciones, empresas, colectivos o particulares que consideren el valor del capital natural en su toma de decisiones y que son beneficiarios del mismo.
Este es el contexto teórico-práctico en el que se desarrolla en Guadalajara el I Foro Internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha que agrupa a administraciones, expertos, empresas y ONG con el objetivo de poner sobre la mesa la posibilidad de poner en valor ese capital natural.
La Alianza es la plataforma de diálogo y cooperación público-privada que el Gobierno regional ha puesto en marcha este año 2022 para reconocer el valor de los servicios que los ecosistemas de la región aportan al bienestar de la ciudadanía y al conjunto de la economía. “Somos una región pionera, a nivel nacional y europeo, en desarrollar una estructura que reconozca que estos servicios ofrecen a la sociedad como almacenamiento de CO2, regulación hídrica y aporte de agua, biodiversidad, protección de suelos, paisaje, ocio”, ha apuntado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
Con este novedoso proyecto, como ha dicho Escudero, “queremos unir lo rural y lo urbano a través de los servicios ambientales y para ello acelerar el reconocimiento de su valor para la sostenibilidad en beneficio de la gestión sostenible del patrimonio natural y de la población que habita en el territorio”.
La Consejería de Desarrollo Sostenible parte del hecho de que todos los cálculos conocidos hasta la fecha demuestran que los beneficios aportados por los ecosistemas naturales a la sociedad, especialmente a las zonas urbanas e industriales, son “muy superiores” a lo que el territorio recibe para asegurar la continuidad de los servicios ambientales que proveen. O dicho de de otra forma, en palabras del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, las cuentas económicas no incorporan las cuentas del capital natural, su ganancia o su pérdida, su “déficit de gestión”, y esto “pone en duda la gestión sostenible del territorio”.
La constitución de la Alianza supone una realidad de que esta tendencia está comenzando a transformarse. Según ha explicado el Científico Principal del Instituto Forestal Europeo (EFI) Sven Wunder, durante su ponencia principal, el ya denominado Pago por Servicios Ambientales (PSA) es la herramienta idónea para que este método tome forma. Se trata de una transacción voluntaria y negociada entre los proveedores del servicio y quienes se benefician del mismo, preferiblemente mediante un contrato.
Ha puesto como ejemplo los recursos hídricos de las cuencas de los ríos. Las poblaciones que se encuentran aguas abajo reciben una serie de prestaciones ambientales producidas por las que se encuentran aguas arriba, y es común ya en algunos países que haya transacciones pactadas para que los primeros paguen por lo que producen los segundos.
Sin embargo, la variantes son muchas. Desde la Alianza han contabilizado un total de seis áeas de los servicios que prestan los ecosistemas en Castilla-La Mancha: almacenamiento de carbono, provisión de madera, retención del suelo, polinización de cultivos, control de las inundaciones y provisión de cultivos. De todos ellos ha hecho un cálculo del coste de la gestión y de su “déficit” en esa falta de retorno.
En el primer panel de expertos del Foro Internacional de la Alianza, el director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Félix Romero, ha enlazado esta iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el OD17 referido a la revitalización de las alianzas internacionales, al tiempo que ha incidido en el “fallo de mercado” que supone que los servicios que prestan los ecosistemas y la gestión que en ellos se desarrolla genere un déficit. “No se trata de pagar una tasa”, ha subrayado, sino de un pago voluntario por parte de los beneficiarios de capital natural.
“Hay potencial para más financiación privada de los ecosistemas”
Le ha acompañado en esa intervención Humberto Delgado, director de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y precisamente ha hecho referencia a los 300.000 millones de euros al año que obtiene de beneficio público anual la Red Natura 2000 y que no “retornan” a los propietarios de las zonas protegidas por esta figura. De hecho, ha apostado por que el próximo cuadro financiero de la UE considere valorar el coste de esos servicios ecosistémicos, para que los conozcan principalmente las empresas, ya que “el potencial para que haya más financiación privada de los ecosistemas es muy grande”.
Y a esta puesta de largo ha contribuido también la directora de la Fundación Biodiversidad. Elena Pita ha resumido este proyecto en la máxima de que “quien conserva, cobra” como complemento de la que afirma que “quien contamina, paga”. Se da la circunstancia de que esta fundación lleva años trabajando con el sector privado y, según ha dicho, las empresas “son cada vez más conscientes” de la importancia del capital natural y de que “cada hay más oportunidades donde todos ganan”.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha invitado a instituciones, sector privado y organizaciones no gubernamentales a participar en la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha. A esta inauguración también han acudido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo y el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles.
El apoyo local
Escudero ha tenido palabras de agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesas que se han sumado a esta Alianza desde que se lanzó el pasado mes de marzo de 2022 con la firma por parte del presidente Emiliano García-Page y los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), a la que después se han adherido Puertollano, El Viso de San Juan y la primera empresa Carrefour&Bergner, a través de sus políticas de responsabilidad social corporativa.
Para ello, los ayuntamientos que firman la Alianza se comprometieron a realizar una contribución económica con el pago voluntario de un euro por habitante destinado al Fondo de externalidades de los montes de utilidad pública, que fue creado por la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha y que ahora será desarrollado con la modificación de la Ley de Montes.
“Movilizamos una inversión conjunta de 2,2 millones de euros para ayudar a nuestro medio rural a mantener en buen estado el capital natural y cofinanciar acciones de conservación, gestión sostenible y restauración de los montes de utilidad pública con fondos gestionados por el Gobierno regional”, ha apuntado el consejero.