Continúa la escalada de desahucios por alquiler pese a que bajan las ejecuciones hipotecarias
El primer trimestre del año 2018 no ha supuesto grandes cambios en cuanto a la tendencia reflejada en 2017 en las operaciones judiciales referidas a ejecuciones hipotecarias y desahucios en Castilla-La Mancha. Según los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial, el número tanto de ejecuciones hipotecarias como del total de lanzamientos judiciales en viviendas ha descendido en el primer periodo del año con respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. En el primer caso, el descenso ha sido de 479 a 388 ejecuciones hipotecarias, y en el segundo caso, de 712 a 667 lanzamientos. No obstante, en ambos casos, la comparativa con el último trimestre del año 2017 ofrece un ascenso en las operaciones: en los desahucios, ha pasado de 546 a los 667 mencionados.
Otro dato negativo es que, en esta comunidad autónoma se mantiene la tendencia al alza, por periodos, de los lanzamientos en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, los derivados del impago del alquiler. Han pasado de 301 en el último trimestre del año pasado a 340 entre los meses de enero a marzo de 2018. El incremento en este caso también es interanual, ya que estas operaciones de desahucio fueron 302 en el primer trimestre del año 2017.
Precisamente, desde las Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castilla-La Mancha denunciaron en su última asamblea el “repunte” de desahucios relacionados con alquileres a lo largo de toda la región. La explicación que ofrecieron es que se han ido acabando los alquileres sociales que se negociaron hace ya unos años en la región. Por tanto, crecen los importes que deben pagar las familias, que ya no pueden hacer frente a este coste. “Lo que tenemos en vez de hipotecas, son desahucios de alquileres. Nos hemos tenido que poner las pilas con este tema, porque ha sido de repente”, explicaron.
Mientras tanto, sigue sin tramitarse el anteproyecto de Ley castellano-manchega de Vivienda, pendiente de la luz verde del Consejo de Gobierno y que incluye una serie de medidas muy innovadoras destinadas al denominado rescate habitacional. Incorpora en el régimen de vivienda pública a nuevos colectivos que pueden solicitar su acceso a este tipo de viviendas: todas aquellas personas que no dispongan de la posibilidad de acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento en el mercado libre, o bien que deban ser alojadas en otras viviendas que las que ocupan, “por indignidad o inadecuación de estas”.
Este texto también incorpora que la Administración autonómica podrá multar por infracción grave a los bancos que, entre otras cosas, no ofrezcan alquileres sociales antes desahuciar. Estas multas podrán ser por importes que van de los 3.000 a los 30.000 euros, aunque puede haber mayores sanciones en función del beneficio obtenido por la infracción.
El último informe judicial sobre desahucios ofrece también datos en cuanto a las medidas adoptadas por los juzgados de la región en torno a las costas de las cláusulas-suelo que fueron anuladas judicialmente. En el primer trimestre de 2018 se han contabilizado en Castilla-La Mancha un total de 2.874 asuntos ingresados por esta cuestión, se han resuelto otros 1.324 y están pendientes de trámite hasta 9.286.
