Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STAS han denunciado el“ traslado forzoso” de más de 200 funcionarios a un nuevo edificio “sin asegurar las medidas higiénicas y de seguridad frente a la COVID-19”. Se trata de personal de servicios informáticos de la Junta de Castilla-La Mancha que serán ubicados en la actual sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Exigen parar el traslado y anuncian que comenzarán este jueves una campaña en redes sociales bajo el lema #TeletrabajoYa para exigir al Ejecutivo regional “que apruebe el teletrabajo en los puestos compatibles con esta modalidad para evitar contagios”.
Las organizaciones sindicales denuncian que dicho traslado “responde únicamente a maniobras burocráticas para adaptar el número de centros al número de consejerías y que, ante las dudas y temores del personal funcionario, la administración está amenazando con retirarles el teletrabajo en vez de escucharlo, algo que ya se ha empezado a producir en las dos últimas semanas”.
El traslado está previsto para el próximo 23 de noviembre. Ahora reclaman a la Junta que se siente a negociar porque “la situación actual provocada por la COVID-19 no es compatible con la retirada de permisos de teletrabajo de las dos últimas semanas, las peores de la segunda ola en Castilla-La Mancha”.
Los sindicatos señalan que las empresas informáticas que prestan servicios a la Junta llevan en régimen de teletrabajo desde marzo “mientras el Gobierno regional está negando a los funcionarios con puesto de trabajo compatible con el teletrabajo la posibilidad de ejercerlo”. En su opinión se mantiene “un presencialismo absurdo que recuerda al siglo pasado”. Apelan además a un informe encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fecha 28 de octubre de 2020, en el que se evidencia la transmisión de la COVID-19 por vía de aerosoles, por lo que “no parece que en plena pandemia, trasladar al personal a un edificio diáfano sea la mejor opción, sobre todo cuando no es necesario ni urgente”.
UGT, CCOO, CISF y STAS denuncian una “falta de negociación absoluta” por parte del director general de Administración Digital, Juan Ángel Morejudo, con el que llevan intentando reunirse desde agosto para negociar un nuevo decreto de teletrabajo que sustituya el actual obsoleto de 2013. “Tras agotar todas las vías hemos recurrido a la movilización y la denuncia pública para exigir a Page que deje de poner en riesgo a los empleados/as públicos/as, a sus familias y a la ciudadanía. Y que de forma inmediata convoque a las organizaciones sindicales”.