La Defensora del Pueblo apoya la queja ciudadana contra el Memorandum del Tajo-Segura
El trasvase Tajo-Segura así como el estado del río Tajo está siendo motivo de estudio durante los últimos días. La Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche ha estado en Bruselas esta semana para exponer el problema hídrico del río y denunciando la situación del río y del trasvase, una canalización que ahora según el Defensor del Pueblo tiene un proceso demasiado opaco y no se ha hecho como la normativa indica.
Critica que el Memorandum del Tajo-Segura, los puntos que rigen las normas del trasvase, no se sometiese a un proceso de participación pública. La Defensora del Pueblo considera que un acuerdo de este tipo que afecta a varias comunidades debe ser accesible fácilmente para aquellas personas que lo requieran, en alusión a los problemas expuestos por la Plataforma para acceder a la información sobre el trasvase. Considera que este colectivo tiene razón en gran parte de los puntos que señala y pide a las Administraciones Públicas que precise determinadas cuestiones no fijadas en el Memorandum.
Uno de los puntos criticados por la oficina del Defensor del Pueblo es que se eleve a normas con rango de ley automáticamente lo que se acuerde respecto al trasvase. Se consideran determinados puntos en los que sí sería admitible el elevar a ese nivel los puntos acordados como en los que determina el Tribunal Constitucional, pero no en todos ellos. También destaca que no se señalen reglas concretas susceptibles de participación y evaluación ambiental cuando las actuaciones que se propongan deben ajustarse a unos procedimientos de participación y evaluación públicas, algo que no se hace.
La Secretaría de Estado, para justificar el que considere al rango de ley las reglas del trasvase, indica que se hace “por la propia naturaleza de las reglas”, algo que según la Defensora del Pueblo “no es suficiente para justificar la falta de evaluación ambiental de las reglas del trasvase”.
La falta de evaluación ambiental en los ríos y embalses de cabecera y en el caudal de origen es uno de los puntos más graves que se vienen denunciando por diversas asociaciones y colectivos. Sobre ello se ha referido en una conferencia en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha Jorge Morín, hablando del estado de la zona de la Vega Baja del Tajo a raíz de los trasvases. En el Memorandum del trasvase se indican los máximos de agua trasvasables y el agua mínima que debe haber en la cabecera para proceder a él, pero no índica cómo se ha llegado a esa cantidad de agua ni si se ha evaluado el impacto ambiental, por lo que la Defensora del Pueblo detecta carencias muy importantes a subsanar.
Tampoco se habla de la evaluación ambiental de los proyectos u obras de transferencia sino de la evaluación ambiental de los “elementos esenciales de la planificación”, dejando de nuevo otro punto sensible muy poco definido. Destaca, como resumen de la Oficina del Defensor del Pueblo, la opacidad en la información del estado de los trasvases, la falta de estudios realizados, la falta de actualización de los mismos, la falta de las valoraciones ambientales necesarias para siquiera catalogar el estado hídrico o la falta de estimaciones de los recursos necesarios para el riego.
