La Asociación de Orientadores Laborales de Castilla-La Mancha ha confeccionado un informe en el que estudian las bases de los Planes de empleo municipales publicadas dentro de la convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. De forma muy crítica, el colectivo ha señalado que en diversos Ayuntamientos hay ofertas para profesionales cualificados, como los orientadores, remuneradas con el salario mínimo bruto.
Es el caso, por ejemplo, de Toledo. Según señala la Asociación, el Ayuntamiento ofrece un total de 180 contrataciones y habla de “orientadores laborales” pero sin fijar número. Serían contratos de seis meses y con una jornada de trabajo completa de 37,5 horas semanales con retribución bruta de 655.20 euros al mes, es decír, el sueldo mínimo.
El documento señala también al Ayuntamiento de Fuensalida con “especial mención a este despropósito”. En el decreto de Alcaldía, aseguran, se están ofertando dos técnicos de apoyo, cuyas funciones serán la de “asesoramiento y orientación a jóvenes, asesoramiento y orientación laboral a desempleados. Para esto, el municipio pide una titulación mínima de Bachiller o Formación Profesional. ”Es decir, contratar ingenieros como monitores y bachilleres como Orientadores Laborales, todo ello por el salario bruto mensual“, afirman.
De este modo, el colectivo acusa al Plan Extraordinario de Empleo de desregularizar el Mercado de Empleo Regional, con la excusa de “por lo menos tienen trabajo” (entrecomillado en el original). La Asociación puntualiza que consideran que las Administraciones Públicas deben “cumplir con los convenios sectoriales” para contratar personal, y que los servicios ofertados de profesionales especializados no deben formar parte de un plan “básico de empleo” para ejecutar tareas que no “exigen una especialización” cobrando como personal sin especializar.
Comisiones Obreras, por su parte, ha señalado que en el Plan de Empleo se ha garantizado que se guarden los principios de “transparencia, capacidad y mérito”. La secretaria regional de Empleo, Lola Santillana, explica que se vinculó los salarios del Plan al convenio colectivo. Sin embargo, la sindicalista ha asegurado que se dará la cobertura necesaria en el caso de una denuncia para equiparar el salario correspondiente al puesto de trabajo.
“Garantizamos que haya una oferta de empleo público, que es lo que entendemos que debe haber por justicia e igualdad”, señala la sindicalista. En este sentido, ha explicado que no hay manera de exigir a los ayuntamientos que cobren un salario u otro, por lo que dependen de las denuncias de los trabajadores para garantizar los salarios acordes a la categoría por la que han sido contratados.
Por su parte, la consejería de Economía, Empresas y Empleo asegura que la intención del Plan de Empleo era crear un marco para la contratación y dar un inccentivo para que los Ayuntamientos contraten a las personas. Las fuentes señalan que se apela a la legalidad por parte de estas instituciones para que respeten el convenio colectivo, tal como señala la Orden del Plan.