Y después de los incendios ¿qué?: pueblos, suelo y espacios protegidos tienen prioridad en la restauración forestal

Mientras en toda España los efectivos de extinción de incendios siguen intentando controlar las llamas que se propagan desde el comienzo del verano, en las administraciones autonómicas ya hay técnicos de montes. La mayoría ingenieros e ingenieras forestales, que están preparando los planes de restauración de las masas quemadas. Porque no todo acaba con la última chispa apagada. Después hay riesgos y prioridades que abordar, y proyectos de ordenación de los montes que pueden llevar años de seguimiento y control. Y aún así, casi nunca se consigue “una copia” de lo que el fuego arrasó. Tampoco se busca. El objetivo es intentar resucitar el capital natural conforme a cómo responde la propia naturaleza.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el 55,2% de la superficie total nacional, casi 28 millones de hectáreas, son montes, de los cuales más del 66% tienen bosques Precisamente, en el Real-Decreto-Ley aprobado a principios de agosto con medidas urgentes para agilizar la respuesta de las comunidades autónomas ante los incendios, hay un apartado dedicado al mantenimiento y restauración de los terrenos afectados por los incendios. Se configura como mecanismo de colaboración entre la Administración General del Estado y las autonomías para la restauración forestal y medioambiental.

Establece que las comunidades autónomas participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50% de los costes, salvo que se trate de terrenos de titularidad estatal. Y agrega que las actuaciones de restauración, en las que el Gobierno central y las comunidades colaborarán, previa declaración de zona de actuación especial y de emergencia de las obras a ejecutar, podrán incluir desde medidas de restauración hidrológica forestal hasta la reparación de infraestructuras rurales de usos forestal.

Pero ¿cómo se lleva a cabo esa restauración en el terreno? Aquí los ingenieros forestales y técnicos vienen a sustituir a los bomberos y brigadistas. Son las personas encargadas, por zonas, de la gestión de los montes y sus particularidades, y por tanto, de elaborar los planes de restauración de las áreas quemadas.

María Elena Gómez Sánchez es una de ellas. Es ingeniera y jefa de una de las Secciones de Montes de provincia de Albacete. Además, actualmente realiza su tesis doctoral sobre esta cuestión. Explica que lo primero que se hace en una zona recién quemada es acotar su perímetro para disponer de toda la información posible, un “inventario de lo quemado” para clasificar cuánto terreno es forestal, agrícola, monte público, particular o espacio natural protegido. Los técnicos actúan en terreno forestal, ya que en terreno agrícola y particular son las compañías de seguros las que realizan el trabajo.

“Identificamos lo que se ha quemado. Es el primer paso para empezar a trabajar sobre el terreno y a partir de ahí, dependiendo del tiempo y del ritmo, será más o menos rápido. Una vez caracterizado todo, se realiza un plan de restauración que tiene que aprobar el Gobierno autonómico. Todas las actuaciones que se realicen en el futuro deben estar en ese plan, al que seguirá un proyecto de ordenación del monte”, detalla.

Pero esa planificación puede no ejecutarse inmediatamente. Dependerá de si el departamento cuenta o no con la financiación para llevarlo a cabo. En ese caso, se dará prioridad a zonas donde haya riesgos inminentes como aterramiento de embalses y cultivos, escorrentía de agua por pérdidas de suelo o infraestructuras quemadas de tipo urbano-forestal. “Lo fundamental es saber qué hay de valor en la zona quemada para determinar los objetivos de restauración”, afirma María Elena Gómez.

Actuaciones urgentes y financiación

Para estas actuaciones urgentes, el dinero llega a través de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica, teniendo en cuenta esas prioridades: “Eso es lo que hace el gestor del monte: si tiene dinero, prioriza, y si detecta unos riesgos y no hay financiación por ayudas, se pide a la Administración autonómica que habilite fondos para daños urgentes y concretos”.

“Lo prioritario es proteger a la ciudadanía, a los pueblos, así como evitar escorrentías y frenar la erosión del suelo”, agrega, a lo que se suma la saca de madera durante el primer año que sigue al incendio. Esta última es una de las labores más comunes, pero que divide a los expertos en cuanto a si conviene hacerla o no. “Por mi experiencia, opino que se puede hacer correctamente en determinados sitios. La ley dice que se puede declarar obligatoria por una cuestión de de sanidad forestal, ya que puede incrementar las plagas forestales en masas colindantes no quemadas”, dice María Elena Gómez.

Otra prioridad es definir si se quiere recuperar la misma masa forestal, el mismo ecosistema o los mismos elementos como la madera. En función de ello, a medio y largo plazo, ya se plantean otras actuaciones de reforestación y se intentan llevar a cabo.

Lo fundamental es que en actuaciones urgentes todos los plazos se acortan y en octubre muchos técnicos forestales ya están trabajando, siempre que haya una planificación y todas las administraciones se coordinen. “Cuanto antes, mejor. Hay que tener en cuenta que las lluvias otoñales nos condicionan, ya que la mayoría de riesgos van asociados a esas precipitaciones: pérdida de suelo, arrastres aguas abajo… Tenemos que ir rápido. Si es una zona donde llueve mucho, por ejemplo, hay laderas que se pueden venir abajo completamente”, advierte.

Para la protección y conservación del suelo, se elaboran fajinas y albarradas, estructuras que se pueden realizar con madera quemada o de piedra y mampostería. Se trata de “pequeñas paradas” que retienen la erosión del suelo quemado que discurre por la ladera. En los primeros momentos, también se arreglan caminos y se realizan capas de protección del suelo con 'mulch' de paja o con astillas de madera quemada, lo que aporta además material orgánico al suelo y evita el problema de las plagas. Después, será la climatología la que determine cuánto puede durar esa cubierta de protección.

Teniendo en cuenta la gran masa forestal incendiada este verano y contando con que la ley establece que todo terreno forestal, debe mantenerse como tal, estas primeras labores exigen grandes equipos de personas sobre el terreno, pero los restauradores lo tienen claro: “Actuar en el cien por cien de la superficie quemada es imposible”. “Hay que priorizar y se hace en función de la pendiente o de mayores pérdidas de suelo. También hay zonas donde la vegetación responde rápidamente al año siguiente pero otras no responden de la misma forma”, dice.

En incendios en parques nacionales, naturales o espacios protegidos, son los técnicos de la zona “los que conocen sus montes y cómo responden los ecosistemas”. Aunque en España hablamos generalmente de monte mediterráneo, hay especies vegetales que responden mejor que otras: “Con el conocimiento de las formas vegetales y de lo que se quiere conseguir, se actuará para fomentar unas y para parar a otras, ya que también pueden producirse colonizaciones”.

Se dan casos en que sí se puede restaurar el cien por cien de la superficie, como en las microrreservas, pero en fuegos de más de 1.000 hectáreas, ni se llega a toda la superficie, ni se consigue resucitar lo que allí había antes. “Tampoco es necesario”, apunta esta experta. “Nosotros acompañamos y ayudamos a las especies, pero también hay suelos que regeneran muy rápido y hay que dejar actuar a la naturaleza. Es muy difícil recuperar la copia de lo que teníamos, lo fundamental es restaurar las funciones que tenía ese ecosistema o incluso cambiarlas porque las condiciones del monte pueden volver a generar incendios”, dice.

Todo este proceso adolece de falta de financiación. La gestión del monte implica conocer sus servicios ecosistémicos, el aprovechamiento de su biomasa, si hay ganado, si hay colmenas o cómo responde la vegetación ante las perturbaciones climatológicas. No hay personal suficiente para todo ello ni dinero para llegar a todo el territorio, advierte Elena Gómez. Por todo ello considera que hay que “invertir en el conocimiento” y en la planificación, “que además es a lo que obliga la ley”.

Porque una zona se considera restaurada si se han cumplido los objetivos marcados. Hay estudios que afirman que en 20 o 30 años se puede recuperar un ecosistema de pinar con las mismas funcionalidades , pero aún así, siempre dependerá de cómo se quemó, de si el fuego le afectó más de una vez o de si el seguimiento de la masa forestal se ha realizado durante años porque ha habido dinero para ello. Hay tantos factores, que “al final, la duración y efectos de un proceso completo no puede estimarlo nadie”, concluye la ingeniera de montes.