La transversalidad de la futura Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que se aprobará previsiblemente en los próximos meses, queda patente en la multitud de políticas públicas a las que afecta y entre estas últimas se encuentra la gestión sostenible de montes y bosques. En ellos se ubican multitud de áreas despobladas de la comunidad autónoma que ahora requieren que la nueva normativa se adapta a las ya existentes. Es el motivo por el que el Gobierno regional ha puesto en marcha la modificación de su Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible. De momento, ha iniciado consulta pública previa para recibir aportaciones de la ciudadanía.
El Gobierno defiende el mandato constitucional de velar por el uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva.
Recuerda que fruto de ello nació la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha de 2008, la cual requiere su “revisión y actualización” como resultado “de la experiencia acumulada en su aplicación durante este periodo, así como para dar una respuesta adecuada a los nuevos retos que existen en materia de gestión forestal sostenible en los próximos años”.
Esta comunidad autónoma tiene más de 3,5 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que supone un 44% de su territorio, por lo que el marco jurídico-administrativo en materia de montes es un “aspecto clave” en Castilla-La Mancha. De hecho, el Ejecutivo recalca que la multifuncionalidad de estos montes se manifiesta a través de su papel como sumideros de carbono, reguladores del ciclo hidrológico y protección del suelo, reservorios de biodiversidad, conectividad ecológica y paisajística. “Además, los montes son motores de desarrollo rural, ligados íntimamente a las poblaciones donde se ubican”.
Todas estas cualidades requieren de una “armonización coherente” que responda los retos presentes y futuros. Y en este contexto el fenómeno de la despoblación es uno de los problemas estructurales de la región, especialmente en montañas, sierras y bosques. Por ejemplo, en el 80% de los municipios castellanomanchegos vive apenas el 15% de la población. En este sentido, la tramitación de la Ley contra la Despoblación prevé medidas que afectan a la mencionada normativa autonómica de montes de 2008-
“Es necesario impulsar nuevas políticas que sirvan como palanca para trabajar en la lucha contra la despoblación, donde los montes han sido y deben seguir siendo uno de los motores de la actividad económica. No solo porque la presencia de estos bienes se encuentra ubicada en su gran mayoría en estos entornos, sino porque la gestión de los montes de forma ordenada y continua en el tiempo es una fuente de recursos y de empleo en el medio rural”, precisa el Gobierno.
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