- PSOE y Podemos frenan la enmienda a la totalidad de los ‘populares’ a la reforma de esta normativa que promueve el actual Gobierno castellano-manchego
El esperado proyecto de ley que reforma la normativa sobre el sector cinegético del Gobierno de María Dolores de Cospedal ha iniciado su trámite en las Cortes de Castilla-La Mancha con el debate de la enmienda a la totalidad que el PP registró para defender la medida de 2015. PSOE y Podemos han impedido con sus votos que el texto ‘popular’ haya salido adelante, pero además el debate ha servido para que los grupos parlamentarios comiencen a fijar posiciones sobre los cambios de una normativa que suscitó una de las polémicas más destacadas de la legislatura anterior. Como defensa de la ley de Cospedal, el diputado del PP Francisco Núñez ha afirmado durante su intervención que la reforma del proyecto normativo es la “primera pieza” para “cargarse” la caza en Castilla-La Mancha y que “el cazador de cada pueblo es el mejor ecologista que hay”.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha sido el encargado de defender el proyecto de ley que reforma la controvertida normativa cinegética anterior. Ha destacado en primer lugar que el nuevo texto ha sido fruto del diálogo y ha recordado los datos hechos públicos recientemente por Artemisan sobre la importancia económica de la caza en Castilla-La Mancha, que supone hasta un 1,7% del PIB regional, siendo la región más importante “en términos de creación de riqueza y empleo”.
Según ha explicado, la modificación de la ley busca promover y garantizar la contribución de la gestión cinegética a la conservación de los hábitats, bajo tres prioridades: hacer compatible la caza con otros usos del medio natural, fomentar esta actividad como motor de desarrollo social -frente a la normativa anterior en la que se prohibieron los cotos sociales-, y defender el patrimonio natural, silvestre y cinegético. De hecho, tras realizar un repaso por todas las leyes y reformas de la normativa en esta comunidad autónoma, ha destacado que la norma de Cospedal, todavía en vigor, adolece de muchas cuestiones “que deben ser cambiadas por el bien del conjunto de los ciudadanos”. Al hilo de ello, ha recordado que su aprobación en 2015 originó la mayor recogida de firmas en contra de una ley, hasta 120.000 personas.
Esa ley, ha agregado, provocó “mucha inquietud” al relegar otros usos compatibles del medio natural al titular de la actividad cinegética, como la recogida de setas o espárragos, y no presta tampoco la “necesaria atención” al cuerpo de agentes medioambientales, que con los cambios ahora en trámite, serán los “garantes de su aplicación”. También ha subrayado que la aprobación de la norma vigente se produjo en un contexto social de confrontación por no ser participada por el conjunto de la población “y sin una mínima transparencia”. Por el contrario, en la actualidad han participado en el nuevo texto, más de 60 organizaciones y administraciones.
Dicho esto, ha enumerado los principales cambios como la obligatoriedad de que se realice una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentran en áreas naturales “sensibles”, la recuperación de la prioridad del uso de caminos y montes para actividades como la micología, la prioridad de la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados y la prohibición del lanceo de jabalíes y del tiro al pichón. Asimismo, se contemplan exenciones de licencias de caza y pesca para jubilados mayores de 65 años residentes en la comunidad autónoma y se reducen en un 15% las tasas de cotos sociales que estén federados. También se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural.
La réplica se la ha dado el diputado del PP Francisco Núñez, quien ha realizado una encendida defensa de la normativa del Gobierno de Cospedal y ha insistido en varias ocasiones en acusar al consejero poner “la primera piedra para cargarse la caza” en Castilla-La Mancha, algo que “luego rematará” la futura Ley de Bienestar Animal. Ha preguntado también al consejero si defiende y respalda que el Grupo de Unidos Podemos en el Congreso haya registrado una Proposición de Ley donde “dice cosas tan graves como equiparar a los cazadores con delincuentes e imponerles penas de cárcel”. “¿Usted está de acuerdo con eso”, le ha preguntado, recordándole que el PSOE gobierna con la formación morada en la región.
“Nosotros defendemos la caza sin ambigüedades y sin dudas, y el consejero no puede decirlo cuando pacta con aquellos que quieren mandar a los cazadores a la cárcel”, ha reiterado después, preguntándose por qué el presidente regional, Emiliano García-Page, no avala esta actividad si los datos de Artemisan reflejan que el sector es tan importante. Así, ha acusado al Ejecutivo de “no tener valor ni apoyo suficiente” para haber presentado un nuevo proyecto de ley en vez de reformar la normativa de 2015 y ha dicho que es porque “vive preso de los acuerdos con Podemos, de estar con el radicalismo más extremo”.
Con estos argumentos el diputado del PP ha llegado a afirmar que el texto de reforma “pone complicaciones en todas las actividades cinegéticas perjudicando al medio ambiente, a la agricultura y a la ganadería” y ha concluido que “el cazador de cada pueblo es el mejor ecologista que hay y el mejor protector de sus animales porque los quiere como a ellos mismos”. “Es el que mejor cuida la flora y la fauna y el que mejor defiende el medio ambiente”, ha concluido, arremetiendo además contra el precepto que prioriza la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados alegando “falta de definición”.
Por su parte, desde el Grupo de Podemos, el parlamentario David Llorente ha criticado en primer lugar el mencionado informe de Artemisan por no contemplar los “impactos negativos” que la actividad cinegética tiene para otros usos del medio natural. Ha recalcado igualmente que la reforma “no es ley pro-caza ni anti-caza” sino que se regula para que se respeten los derechos de las personas no cazadoras y otros aspectos importantes para la conservación de la naturaleza y el bienestar“. Pero en especial, ha subrayado la actualización del régimen sancionador, espetando al PP que este último punto no les gusta por sus ”problemas con la justicia y el cumplimiento de la ley“.
Llorente también ha recordado que la norma de Cospedal generó “un enorme rechazo social” no solo por haber sido elaborada de forma unilateral sino también por defender “un modelo más agresivo e intensivo de caza comercial, vulnerando el derecho de la ciudadanía a disfrutar del medio ambiente”. “Impone duras sanciones a personas no cazadoras por ahuyentar animales y las reduce para cazadores por prácticas ilegales. Pone en riesgo la seguridad de las personas y permite barbaridades como abatir a animales domésticos además de promover la caza en parques nacionales”, ha señalado. En definitiva, un “cúmulo de despropósitos” que llevaron a la creación de la Plataforma de Castilla-La Mancha en contra de la Ley de Caza.
Ha concluido afirmando que con el nuevo texto se busca “un equilibrio” entre diferentes posiciones “pensando en el conjunto de la sociedad” y ha recordado las 16 enmiendas presentadas por Podemos, entre ellas la que pide que se aumente de 14 a 16 años la edad mínima para cazar. Aquí ha aprovechado para dirigirse al PSOE y pedirles que apoyen esta petición para demostrar si es “un partido de progreso o está anclado en las posiciones más desfasadas del lobby cinegético”.
Las enmiendas a la reforma de esta Ley serán debatidas posteriormente en comisión para elaborar el dictamen de la norma. Ahí será cuando se incorporen o no algunas de las alternativas propuestas por los grupos parlamentarios. Después será en sesión plenaria cuando se apruebe, previsiblemente, la nueva normativa, poniendo fin a tres años de vigencia de la controvertida legislación cinegética del PP.