- La consejera de Bienestar Social confirma que la futura Ley del Tercer Sector, que regulará el marco de concertación social, recibirá luz verde en 2018
Se trata una de las medidas “más transversales” aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la presente legislatura, porque compete a varios departamentos y porque supone un montante de ayudas a numerosas entidades. El Ejecutivo regional ya ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigidas a colectivos que forman parte del Tercer Sector para la realización de programas de interés general. En total son 9,7 millones de euros procedentes de la casilla de fines sociales del IRPF que la comunidad autónoma gestiona ahora tras el cambio de reparto entre Estado y comunidades autónomas.
Los detalles los ha ofrecido la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha recordado que las comunidades gestionan esa asignación tributaria del 0,7% del IRPF después de que el Tribunal Constitucional diera la razón a la Generalitat de Catalunya en un conflicto competencial sobre este asunto. Según ha afirmado, el nuevo reparto permite ahora a la Junta gestionar estas ayudas “de acuerdo a los intereses de los castellano-manchegos y no del Gobierno de España”.
Podrán concurrir en esta convocatoria todas aquellas entidades del Tercer Sector de Acción Social, Cruz Roja y aquellas federaciones o asociaciones que cumplan los requisitos. Sin embargo, están fuera del proceso entidades de las administraciones públicas, universidades, partidos políticos, cámaras de comercio, colegios profesionales u organizaciones empresariales y sindicales.
En total, el Gobierno castellano-manchego estima que hasta 300 entidades pueden optar a esta convocatoria frente a las 118 del año pasado, con un total de 210 proyectos que estuvieron destinados a programas de infancia y familia, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas drogodependientes, personas con VIH, personas de etnia gitana, reclusos y exreclusos, inclusión social, inmigrantes, voluntariado e igualdad de trato y no discriminación.
Fue el Consejo Territorial de Servicios Sociales del pasado mes de mayo el que, tras la sentencia del Constitucional, aprobó la propuesta de un modelo mixto de financiación de los fondos derivados del 0,7% del IRPF, con el 20% gestionado por el Gobierno central y el 80% por las comunidades autónomas. Es decir, que 192 millones de los 240 millones totales los gestionarán las comunidades autónomas. De estos últimos proceden los 9,7 millones de euros que reparte Castilla-La Mancha.
Pero la consejera ha adelantado que el año que viene, el Gobierno regional exigirá un reparto más equitativo que tenga en cuenta indicadores como la dispersión o la ruralidad. Es decir, que esta comunidad pueda gestionar más fondos.
En otro orden de cosas, preguntada por el estado en que se encuentra el borrador de la futura Ley del Tercer Sector, la consejera ha señalado que el grupo de expertos creado para tal fin sigue trabajando y que el Gobierno regional tiene interés en que pueda ver la luz en el ejercicio 2018. “Va a ser una ley novedosa y pionera donde el punto más importante es el aspecto del concierto social”, ha indicado.