El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que incluirá los “derechos fundamentales” de los ciudadanos en el Estatuto de Autonomía. Se trata de modificar el estatuto para incluir en el la sanidad, la educación y los servicios sociales a modo de “garantizar” su acceso y calidad. Así lo anunció el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro durante una reunión de consejeros y delegados provinciales del Gobierno.
El vicepresidente autonómico ha asegurado que el objetivo es dar “seguridad legal” a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha “vivan donde vivan”, y también independiente de sus recursos, para que estos servicios tengan un carácter “público, universal y gratuito”. Se trata de un anuncio en la línea de las exigencias de Podemos y su proposición de Ley de procedimientos de emergencia ciudadana. Uno de los objetivos de la normativa propuesta por este grupo parlamentario era “blindar” estas medidas, para que no quedasen a la “discrecionalidad” de los Gobiernos regionales. En este sentido, el Gobierno ha asegurado que la inclusión de estos servicios en el Estatuto evitará que estos “derechos fundamentales” puedan ser modificados o “cercenados”.
La medida propuesta por la administración es parte del Acuerdo Marco por la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha, cuyos contenidos se trataron también esta semana. Se trata de una “hoja de ruta” en las políticas que el Gobierno regional emprenderá en los “próximos meses” a través de diálogos con los agentes económicos y sociales de la región, para cumplir con el compromiso de “transparencia” y “diálogo” que ha asumido Emiliano García-Page.
Los ejes serán tres: el primero el Pacto por la Recuperación Económica, a través del cual se pretende impulsar un desarrollo “sostenido” a través de un cambio de modelo económico regional, con el que también se pretende generar más empleo y mejorar la producción en Castilla-La Mancha. El Gobierno también ha anunciado un Pacto por la Recuperación Social, en el que se pretende recuperar los índices de calidad de los “servicios públicos básicos”, dentro del que también se incluyen los derechos de los propios trabajadores públicos.
Finalmente, en el llamado Pacto por la Recuperación Democrática e Institucional, cuyo principal objetivo será la reforma del Estatuto de Autonomía. El PSOE había anunciado la necesidad de cambiar este documento, en especial debido a la reforma de la Ley Electoral que impulsó el PP, el llamado “pucherazo” electoral. De hecho, el vicepresidente regional ha señalado que esta modificación es “imprescindible” para que los Gobiernos no tengan la “tentación” de ajustar la normativa electoral a sus problemas. El Gobierno incluirá a las fuerzas políticas, incluso aunque no tengan representación parlamentaria.