El ex número dos de Medio Ambiente niega trato de favor con las gestoras de la planta de residuos incendiada

El baile de competencias y las complejidades técnicas de la legislación en materia medioambiental han vuelto a ser los protagonistas en la cuarta sesión del macrojuicio por el incendio de una planta de residuos peligrosos en Chiloeches (Guadalajara) en agosto de 2016, proceso en el que hay más de una veintena de imputados. Hoy ha sido el turno del ex viceconsejero de Medio Ambiente Sergio David González Egido, que tuvo este cargo entre 2015 y 2016, y anteriormente fue delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara. Fue cesado como viconsejero poco después del siniestro en el ardieron 20.000 toneladas de residuos peligrosos, aunque en su momento defendió que fue él quien pidió la renuncia por motivos personales. Hoy ha negado cualquier trato de favor a las empresas que gestionaban la planta a la que afectó el fuego y además se ha escudado en su cargo “político” para eludir cualquier responsabilidad en el hecho de que estas instalaciones tuvieran autorización para tratar más cantidad de residuos cuando ya constaban deficiencias e irregularidades en el pasado.

Al igual que otros ex altos cargos que ya han declarado, ha afirmado que no entraba en el detalle de los expedientes y que los firmaba confiando en el criterio de los técnicos. González Egido, que ocupó ese cargo en el Gobierno de Emiliano-García Page, está acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental y el Ministerio Fiscal pide para él una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, tres años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo mientras dure la condena y veintidós meses de multa a 20 euros diarios con responsabilidad personal subsidiario de once meses de cárcel en caso de impago.

Al comienzo de las dos horas de interrogatorio, el Ministerio Fiscal le ha preguntado por la resolución de octubre de 2015 que modificó la autorización ambiental de la planta y le permitió tratar nuevos residuos, “ampliando su capacidad de gestionar”. González Ejido ha dicho que ese documento no suponía ampliar la capacidad de almacenamiento de residuos sino aumentar los Códigos LER (Lista Europea de Residuos).

Posteriormente, preguntado por su papel en esa tramitación y por las personas con las que participó para su aprobación, ha subrayado que ser viceconsejero supone ostentar una “figura política y de representación institucional” y que él no participaba directamente en la gestión administrativa de los expedientes. Lo ha repetido en varias ocasiones ante la insistencia de la fiscal en el hecho de que autorizara a la planta a aumentar el tratamiento de 30 toneladas anuales de un residuo concreto a 1.000 toneladas anuales, una “subida sustancial” que suponía “no una mera firma de trámite”. “Son los técnicos quienes lo evalúan y lo redactan, yo no intervengo en la gestión administrativa. Asumía que lo que firmaba estaba de acuerdo con la legalidad”, ha reiterado.

Dicho esto, la fiscal ha centrado sus preguntas en las relaciones del ex viceconsejero con las empresas gestoras de la planta. El ex número dos de Medio Ambiente ha negado que en ninguna de sus actuaciones en este cargo hubiera pretendido ni beneficiar ni perjudicar a nadie, reconociendo que antes de llegar a la Viceconsejería fue “presidente independiente” y consejero en una empresa llamada Biocombustibles del Henares, en la que participaba el Grupo Layna Residuos (imputada ahora en la causa) junto a otra compañía, pero ha afirmado que no tuvo ningún recorrido ni hubo trato de favor con esta empresa o con Kuk Medioambiente (gestora de la planta incendiada y también imputada).

Ha apuntado que cuando en marzo de 2016 el coordinador de área le informó de que había una situación anómala en la planta incendiada en Chiloeches, en la que ya tenía participación Layna junto a Kuk Medioambiente, en ese mismo momento les comentó que precisamente por la relación que había tenido con Layna previamente en un proyecto de investigación conjunto, quería abstenerse, asegurando que nunca supo que allí se hubieran estado realizando actos ilícitos.

Ha negado tener ninguna relación mercantil ni con Kuk ni con Layna y ha aludido a que aunque posteriormente creo Biosonoil, también lo vendió, negando haber participado en la toma de decisiones o tenido algún contrato laboral con Layna, e insistiendo en que fue antes de ofrecerle la responsablidad de ser viceconsejero.

Antes de González Ejido, ha declarado José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial en 2011 (con el Gobierno de María Dolores de Cospedal) y, sucesivamente, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental hasta la actualidad, para el que la Fiscalía pide dos años de prisión por prevaricación medioambiental. En su caso, parte del testimonio ante la fiscal se ha centrado en la petición de información a la empresa gestora de la planta por su incompatibilidad urbanística, preguntándole si ninguno de sus antecesores le informó, cuando llegó al cargo en 2011, de que esa planta no tenía una “filosofía de cumplimiento” de las normas. “Nadie me habló de ello. Pero todo se hizo conforme a los servicios jurídicos. Pedimos información al Ayuntamiento de Chiloeches y a la empresa”, ha contestado.

“Todo fue correcto”

Asimismo, ha negado que tuviera conocimiento de sus incumplimientos porque no formaba parte de sus competencias. Pero sí ha reconocido un informe en el que se supedita la validez de la ampliación sustancial de su autorización para operar a que cumpliera una serie de condiciones. Michelena se ha limitado a decir que la frase que define ese condicionado no fue “del todo correcta” porque se debía dar constancia al “trámite en paralelo” con el Ayuntamiento para la obtención de las licencias municipales que necesitaba la planta. Después, y ante ese baile de competencias, ha afirmado que era el Ayuntamiento quien tenía la competencia de clausurar la planta.

Por eso ha insistido en varias ocasiones en que existiendo una autorización ambiental integrada (la de abril de 2018, con la que dos ex altos cargos se contradijeron en el primer día de declaraciones) la empresa necesitaba las licencias municipales para operar. Preguntado por la fiscal sobre los motivos de que las instalaciones siguieran en funcionamiento, ha precisado que “lo que se estaba autorizando era una modificación de instalaciones”.

En este punto, el Ministerio Fiscal le ha pedido una valoración sobre si considera que hubo un “afán de facilitar a la empresa” la explotación de una industria potencialmente contaminante sin atender a la prevención, porque “todo es muy laxo y le dieron una nueva oportunidad con un nuevo requerimiento de información”. El ex responsable de Medio Ambiente Industrial ha dicho no apreciar esa “laxitud” y ha subrayado que sus competencias son coordinar un equipo que a su vez analiza los expedientes. “Desde que nos encargamos del expediente en concreto, se actuó con sentido común y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo”.

De igual modo, en cuanto al hecho de que el Grupo Layna explotara ya en octubre de 2015 el 90% de la planta, ha dicho no tener constancia de ello porque “en el expediente no figuraba”; y al igual que otros ex altos cargos imputados ha responsabilizado a los técnicos de ser quienes tomaban las decisiones. “No revisé ese expediente al detalle, mi participación en esto es autorizar el trabajo que prepara el técnico”.

Otro de los elementos esenciales del interrogatorio es el correo que en mayo de 2015 en el que un técnico de Layna se interesa por la situación de la planta de Chiloeches y pide una reunión. Ha interpretado que era intención de esta compañía arrendar la instalación, pero dice no haber participado en la reunión posterior. “Se celebró y hubo un intercambio de información asesorándole sobre cómo tenían que proceder”.

La Fiscalía también se ha referido al informe-base que se realizó para la caracterización del suelo y las aguas subterráneas de la planta de Chiloeches, cuya fecha tope de entrega era diciembre de 2015 y que formaba parte de una modificación “de oficio” de unas 70 autorizaciones ambientales integradas que realizó el Gobierno regional en toda la región. En su contenido se ponía de manifiesto que se superaban los niveles genéricos de referencia para suelo industrial y que había contaminación. El imputado ha afirmado que no tuvo conocimiento del mismo y que su servicio no era competente para actuar. “Pero, ¿cómo es que consta el informe en su Servicio?”, le ha preguntado la fiscal, a lo que ha respondido que esas actuaciones no correspondían a su área y que los expedientes de suelos contaminados se trabajan “bastante en diferido” porque se hicieron decenas de ellos. De hecho, ha negado “incoherencia” entre que su servicio tuviera constancia de la contaminación y que al mismo tiempo se ampliara la autorización de la planta. Según el acusado, “respondía a actuaciones administrativas distintas”.

En cuanto al expediente que la entonces Consejería de Agricultura y Medio Ambiente inició pidiendo sancionar a la empresa en octubre de 2013, ha dicho que no tuvo conocimiento de ello hasta marzo de 2016 y que no suspendió la gestión de residuos en la planta porque “ni permito ni dejo ni permitir”.

El macrojuicio se reanadurá el lunes 4 de octubre con la declaración de otros dos acusados. El primero de ellos será el ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, para quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Y posteriormente uno de los representantes de la empresa Kuk Medioambiente, gestora de la planta cuando se produjo el incendio.