Dentro de la estrategia de la Unión Europea para combatir el cambio climático, la Comisión Europa aprobó hace cinco años un programa para la financiación de proyectos energéticos de bajas emisiones de carbono. Se le denominó NER300, debido a que su objetivo es destinar 300 millones de derechos de emisión a la cofinanciación de proyectos comerciales de demostración de captura y almacenamiento geológico de carbono, y que sean seguros para el medio ambiente. El órgano ejecutivo de la UE lo impulsó junto con el Banco Europeo de Inversiones para financiar programas de almacenamiento y captura de CO2. Ahora, esta línea de ayudas supone una pequeña esperanza para el futuro de la central termoeléctrica de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real), cuyo cierre ya ha autorizado el Ministerio de Industria y han avalado los propios accionistas de la compañía.
Descartada de momento la solución de un régimen retributivo especial como el de la planta de HUNOSA en Mieres, permita por la Ley del Sector Eléctrico y que es la alternativa que defendían los trabajadores y que en su momento esgrimió la propia empresa, las opciones de futuro son pocas pero aún pueden llevarse a cabo. Antes de que la planta proceda a desengancharse la red eléctrica en noviembre, desde el PSOE apuestan por dos vías: enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2016 y una petición en el marco de la UE para que Elcogas se sume al programa NER300.
La primera opción está condenada a no salir adelante al disponer el PP de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y contando con que los Presupuestos se aprobarán antes de las próximas elecciones generales. En cuanto a la segunda opción, los eurodiputados socialistas quieren aprovechar que el Consejo Europeo ha pedido a la Comisión ampliar los fondos de este proyecto y a ponerlos a disposición de los estados miembros.
La solución es más viable teniendo en cuenta que Elcogas se encuentra en niveles de eficiencia muy altos. Según la Plataforma Tecnológica Española del CO2, la planta de Puertollano fue la primera en el mundo en capturar una tonelada de dióxido en 2010, y además puede producir electricidad e hidrógeno. Es uno de los motivos por los que en la UE están interesados en que se mantenga su actividad.
Petición para que la Comisión Europea pueda gestionar ayudas del NER300 “saltándose” a los gobiernos estatales
El único problema es que es el Ministerio de Industria quien debe llevar a cabo la convocatoria para NER300, y no puede hacerlo si la empresa para la que lo solicita está cerrada. Por eso desde el Grupo Socialista Europeo van a solicitar que una parte de ese programa sea gestionada directamente por la Comisión, “saltándose” a los gobiernos estatales. Esta petición se reforzará con sendas cartas al vicepresidente de la Comisión y encargado de la Unión Energética, Maros Sefcovic; y al comisario europeo de Energía y ex ministro del PP, Miguel Arias Cañete. En ellas solicitarán que, en cuestiones como la captación de CO2, primen los intereses comunitarios por encima de los políticos de cada país o de decisiones estatales.
Precisamente, el propio Arias Cañete, según ha apuntado el eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez, afirmó en una respuesta parlamentaria que el proyecto de Elcogas está “en consonancia con una política energética resistente” y además anunció la ampliación de los fondos a “proyectos de investigación como el de esta compañía”, en contra, según parece, del criterio del ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha autorizado el cierre de la central de Puertollano.
De cualquier forma, la búsqueda de soluciones en Europa ofrece una alternativa a las consecuencias “nefastas” de un marco regulatorio español “ineficaz” para las centrales de ciclo combinado, que funciona “como una subasta” en la que Elcogas “siempre vende por debajo de los costes de producción y de ahí sus pérdidas”, explica Gutiérrez. Lo que sí descarta es que el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda hacerse cargo de la compañía: “sería ilegal que un gobierno regional financiara las pérdidas de una empresa sin existir para ello un marco regulatorio adecuado”.