La Fiscalía investiga penalmente a cinco residencias de ancianos de Castilla-La Mancha

La Fiscalía General del Estado ha informado este viernes de la existencia de un total de 38 diligencias de investigación penal abiertas respecto a la situación existente en residencias de ancianos a raíz de la pandemia por COVID-19, sin perjuicio de las investigaciones previas ya abiertas en diferentes juzgados de la geografía española. Cada diligencia corresponde a una residencia diferente y la mayoría, un total de 19, corresponde a Madrid.

Según informa la Fiscalía de Castilla-La Mancha, se investiga una residencia en Albacete, dos en Ciudad Real, una en Cuenca y otra en Toledo. Sin embargo, no se ha facilitado la identidad de las residencias para “preservar el carácter reservado de la investigación”.

Además, señalan que las Fiscalías provinciales de Castilla La Mancha han venido prestando “especial atención” al desarrollo de los acontecimientos y al desenvolvimiento de las residencias de personas de edad avanzada, públicas y privadas, pidiendo informes sobre la evolución y la situación de los residentes y del personal laboral, sanitario y no sanitario, a la Dirección General de Salud Pública de Castilla La Mancha, y en los casos más graves directamente a los directores de las residencias.

Investigación en hospitales

Por otra parte, desde la Fiscalía de Castilla-La Mancha se señala que tras denuncias en relación con la asistencia sanitaria prestada en algunos hospitales de la región se han abierto también diligencias de investigación por parte de Fiscalía. En dichas denuncias se recogen, además de la asistencia sanitaria, la forma en que se han facilitado los medios de protección personal a los trabajadores

Los posibles delitos investigados

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que, en las citadas 38 diligencias penales se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato, si bien aún no puede concretarse porque generalmente se investigan hechos y luego se califican.

En cuanto a la información oficial, la nota añade que las fiscalías superiores de las comunidades autónomas también han realizado 124 informes de seguimiento en el ámbito civil, relativos a procedimientos de protección de derechos fundamentales.

La nota advierte que esta “no es una foto fija” pues los datos van variando porque la red de fiscales realiza un seguimiento de las personas residentes que precisan una especial atención, individual o colectivamente “en amparo de sus derechos”.