Hacia una fotovoltaica “social y distribuida”: lo que queda por hacer tras la derogación del impuesto al sol
Con la derogación del denominado 'impuesto al sol', han vuelto las esperanzas del sector de la energía fotovoltaica de poder acelerar su progreso. Aunque esta medida no era la única traba a las energías renovables en España, ahora hay una barrera menos que saltar, algo que agradecen los productores de un colectivo que ha tenido que hacerse hueco en un país difícil, pese a su enorme potencial, para buscar una “democratización energética” que todavía no ha llegado. En este contexto, Castilla-La Mancha juega un papel esencial. Es la comunidad autónoma con mayor potencia instalada -11.615 instalaciones, un 19% del total nacional, y una potencia de 922 megavatios- y donde mejor se perciben parte de los obstáculos a los que todavía tiene que enfrentarse el sector.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la más representativa del sector, mantienen entre sus principales objetivos la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, y con esa misma hoja de ruta trabajan en Castilla-La Mancha. Recientemente se reunieron con el delegado del Gobierno, Manuel González Ramos, quien les informó sobre el escenario tras el nuevo decreto. Al hilo de ello, el delegado de la asociación en esta comunidad autónoma, Francisco Pérez, nos explica algunas claves fundamentales, como ha sido la vigencia durante tres años del impuesto al sol, una barrera no solo económica sino también “psicológica”: ha persuadido de instalar fotovoltaica incluso a quienes por la tipología de su instalación no les era de aplicación dicho impuesto.
Ahora se abre una “ventana de oportunidad” para las familias y empresas que les permitirá “abaratar su factura de la luz y participar de manera real en la tan ansiada por todos democratización de la energía”, con la confianza en que el Gobierno central anime a la población a que invierta en renovables, tanto en autoconsumo que pueden instalar en millones de tejados, como en nuevos proyectos de parques solares sociales para inyectar energía limpia a la red.
De hecho, en el Real Decreto que derogó este tributo se introducen tres principios fundamentales: el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos, el derecho al autoconsumo y el principio de simplificación administrativa y técnica. Más detalladamente, ANPIER celebra que se amplíen los “dominios físicos” de una instalación de autoconsumo, eliminando la obligación de que esté en el mismo edificio, o el hecho de que las instalaciones domésticas y todas aquellas que no vayan a verter energía a la red ya no tengan que pedir permiso a la compañía eléctrica para conectarse.
“Habrá un cambio de paradigma del sector energético tal y como lo conocemos hoy”
“En un futuro, que por cierto está aquí ya, el ciudadano, tal y como reconoce el Parlamento Europeo, tendrá entre sus derechos innatos la posibilidad de comprar, generar, almacenar y vender energía eléctrica. Esto supondrá un cambio de paradigma del sector energético tal y como lo conocemos hoy”.
Francisco Pérez está convencido además de que son pasos importantes, porque además el autoconsumo en España va más “allá del ámbito doméstico”, progresando principalmente en los sectores industriales, comerciales, de servicios y en la agricultura, con aplicaciones como el bombeo solar para riego. Y es que aunque las competencias en este sentido son estatales, considera que sería interesante para regiones como Castilla-La Mancha que se protegiera de forma especial a sectores prioritarios en la región, como en este caso es la agricultura, donde más de un 60% de los costes de regadíos son los energéticos.
Al margen de estas novedades, ¿cómo está el sector? ¿es rentable? El colectivo de productores parte del hecho de que el cambio climático es una “realidad incuestionable” y que la necesidad de “descarbonizar” la economía y realizar un cambio de modelo energético es algo que “ya casi nadie cuestiona”. Es una transición que pasa por la fotovoltaica debido a su progresiva bajada de costes (más de un 80% en los últimos siete años) y al desarrollo del almacenamiento, que hacen viable la generación distribuida. Aparece así la figura nueva del “prosumidor”: el consumidor-productor que “va a hacer que cambien los modelos de negocio que conocemos hasta ahora”. “Entre las empresas eléctricas habrá quien sepa adaptarse y continúe en el mercado y habrá quien no lo sepa ver y le pase como a Kodak”, explica Francisco Pérez.
En este proceso sitúa también el “imparable crecimiento” del vehículo eléctrico ya que potenciará la generación distribuida. “La movilidad eléctrica y las renovables son el tándem perfecto”.
Contra la inseguridad jurídica
Pero para ello todavía hace falta eliminar diversas trabas. La mayor de ellas es la inseguridad jurídica que han provocado los cambios normativos retroactivos que han hecho que España sea el país del mundo con mayor número de reclamaciones por vulneración del Tratado de la Carta de la Energía, “una verdadera vergüenza nacional”. Asimismo, es necesario que el país despegue y resuelva su atraso en este sector. Para ANPIER, durante el Gobierno del PP se produjeron los mayores recortes y una “parálisis total” de las energías renovables, justo “cuando veníamos de ser una referencia a nivel mundial”. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el sector de las energías renovables llegó a ocupar más de 3.000 puestos de trabajo. Todos desaparecieron.
Lo mismo ha sucedido con el complejo sistema de las subastas eléctricas impulsadas por el PP. Aunque los productores reconocen que este método es el procedimiento utilizado por la mayoría de países, también creen que deberían introducirse criterios que permitan unos “resultados más sociales, distribuidos y que den cabida a todas las tecnologías”, en lugar de “orientarlas a una concentración de la propiedad de las instalaciones en unos pocos titulares”, como ha ocurrido en las últimas subastas. Esto unido al elevado importe de los avales que había que depositar para poder participar en ellas, hizo muy difícil o “casi imposible” a los particulares o pequeñas empresas poder participar.
La asociación subraya que prueba de ello es que de los casi 4.000 gigavatios (GW) de fotovoltaica que resultaron de las últimas subastas de 2017, Cobra Concesiones, filial de ACS, fuera adjudicataria de 1.550 megavatios de potencia; seguida de X-Elio, con 455 megavatios; y de Enel Green Power, con 339 megavatios. “Si nada cambia, se instalará más fotovoltaica, pero seguirá estando en manos de unos pocos”. Por eso ANPIER está en contra de los megaproyectos de 300 o 500 megavatios que se anuncian. “No es lo más adecuado por sus elevados costes medioambientales y por eso apostamos por proyectos de no más de 50 megavatios”. La cuestión es que, de cara al objetivo europeo de que el 35% de la energía sea renovable en 2030, volverá a haber subastas, pero, ¿estará toda la potencia subastada en manos de unos pocos o también en manos de miles de familias y pymes? Desde esta asociación solicitan una cuota mínima del 25% para proyectos pequeños.
En todo este escenario, Castilla-La Mancha se sitúa en una “posición privilegiada”, un dato que productores e inversores celebran pero que “no puede llevarnos al conformismo”. Esta región “puede y debe hacer mucho más y seguir siendo referente en fotovoltaica social y distribuida”, que vertebre el territorio y que permita la participación ciudadana, “con la consiguiente redistribución de ingresos en el territorio”. Debe hacer que mejore la competitividad de sus empresas “ayudando a sectores prioritarios en nuestra región como la agricultura, ganadería e industrias agropecuarias, permitiendo que con el uso de la fotovoltaica mejoren su competitividad”.
Durante su reunión con el delegado del Gobierno, la asociación le trasladó la preocupación de los pequeños inversores fotovoltaicos por el “rosario de recortes y cambios normativos” que vienen sufriendo desde 2009 y que han colocado a muchos de ellos “en una situación desesperada”.
Asimismo, le informaron de la necesidad de “restaurar la dignidad” de las más de 60.000 familias que, pioneras en el sector fotovoltaico, permitieron el desarrollo de la tecnología, y que se dejaron sus ahorros en una causa que consideran “justa y ecológica”. Familias a las que, “lejos de reconocerles su esfuerzo”, se ha “ultrajado haciéndoles parecer culpables de todos los males del sector eléctrico”.
