¿Puede la transformación del paisaje ser una consecuencia negativa de la implantación de plantas solares fotovoltaicas por su impacto visual? Es un debate que ya ha surgido en varios ámbitos debido a la proliferación de instalaciones de este tipo en comunidades como Castilla-La Mancha. De hecho,en esta comunidad autónoma, que ya es la primera región en producción de energía solar, existen al menos dos proyectos donde esta cuestión se ha puesto encima de la mesa. La controversia se produce además en un momento en el que el Gobierno regional quiere promover una Ley de Paisaje para defender los entornos de la región y su
El primer caso se produjo con el anuncio de la construcción de una planta fotovoltaica en la superficie del volcán de La Arzollosa, también conocido como Manoteras, en el término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real). El Grupo de Investigación en Geomorfología, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas (GEOVOL) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) dio la alerta sobre iniciativa, no solo porque en sus laderas hay suelos muy aptos para cultivos sino por considerar que ya se ha producido un “atentado ecológico” en la zona al rellenar las coladas del volcán con tierra de otros sitios para la siembra.
La cuestión de origen es que este volcán está declarado Monumento Natural y la legislación que lo regula establece algunas disposiciones, entre ellas que “no se puede hacer ningún tipo de actividad de extracción, generación o distribución de energía”. La implantación de un huerto solar podría provocar la pérdida de su protección. Pero en el trasfondo, el grupo de investigadores también han denunciado que supone la “destrucción del paisaje” y un “terrible impacto visual”.
Por su parte, el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, que fue director general de Industria, Energía y Minería del Gobierno regional en la pasada legislatura y actualmente lo es de Programas de Empleo, asegura que nunca ha estado en su voluntad “desproteger” como Monumento Natural el volcán de La Arzollosa. Lo que persigue el Ayuntamiento es “hacer compatible el monumento natural con otros usos, con la generación de energía limpia”.
“Quiero el desarrollo de mi pueblo y que los vecinos de Piedrabuena se puedan quedar a vivir aquí, por eso tenemos que parar la despoblación que sufrimos y creo que haciendo compatible el volcán como monumento natural con la instalación de paneles de producción de energía limpia como es la fotovoltaica, conseguiríamos avanzar por el buen camino”. En esta línea, insiste en que nunca ha presentado ninguna solicitud que revoque la norma que declara el volcán monumento natural, “ni tengo intención de hacerlo”.
El grupo de investigadores está a la expectativa de que el Gobierno de Castilla-La Mancha inicie o no algún trámite para derogar ese decreto de protección. En ese caso, anuncian que llevarán a cabo “todas las acciones legales pertinentes” en defensa de un futuro Geoparque y de su “valor geológico y paisajístico”. Sobre esta última cuestión también se ha referido el alcalde. Ha confirmado su adhesión y apoyo al proyecto de Geoparque, al tiempo que ha dicho ver “viable” la compatibilidad de la protección del volcán y de su paisaje “con el aprovechamiento de los terrenos que lo rodean”.
Polémica en el Valle de Alcudia
Se trata de un asunto todavía abierto, como sucede en el caso de otro denunciado por Ecologistas en Acción en los límites del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, también en la provincia de Ciudad Real. Se trata de la salida a información pública de varios proyectos de instalaciones fotovoltaicas en la zona central de esta área que no está bajo la figura de protección ambiental. No obstante, los ecologistas apuntan que “supondría una enorme agresión al valle”.
Según la evaluación previa ambiental realizada por las promotoras, se trata de 15 instalaciones en 1.620 hectáreas entre los términos municipales de Brazatortas y Almodóvar del Campo. “Supondrían una grave alteración del paisaje, con un grave impacto también histórico y cultural, ya que varios de ellos se pretenden construir al lado de la vía pecuaria más importante del país –la Cañada Real Soriana Oriental- y junto al histórico Camino Real de la Plata de Toledo-Córdoba”, afirman desde la asociación. Alertan así de que bajo el “paraguas” de utilizar una energía renovable, se pretende “destruir el paisaje de una de las comarcas ganaderas más importantes de Europa”.
En el Documento Inicial (DIP) y Solicitud de Alcance del estudio de impacto ambiental de este proyecto se menciona al Valle de Alcudia a la hora de determinar la geología de la zona y para establecer que esta comarca está “fuera de la influencia de recursos hidrogeológicos de interés”.
La referencia concreta al Parque Natural y a su paisaje se establece en la parte referente a los riesgos, donde se afirma que los proyectos no afectan “directamente” a ningún espacio protegido. “Cabe destacar que la zona de estudio se encuentra alejada tanto de la delimitación del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, como de la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de Sierra Morena”, se añade en el documento.
Pero al referirse al paisaje, en el estudio se explica que los proyectos se ubican en la “unidad paisajística” Penillanuras Occidentales: fuera de los límites del Parque Natural pero dentro del Valle de Alcudia en el término municipal de Mestanza. En ese apartado también detalla que la formación vegetal más extensa son los pastos de dehesa o majadales, que dan paso a formaciones de dehesa, mientras que las laderas y la cumbre están ocupadas por encinares y matorral de coscoja, la mayor parte “ya modificado por actividades humanas”.
Una futura Ley del Paisaje
Se da la circunstancia de que el Gobierno castellanomanchego prepara una futura Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje junto a ecologistas, grupos de desarrollo rural y local, colegios profesionales, sindicatos, empresarios o centros de investigación. Esta normativa tiene entre sus objetivos la “visibilización de la identidad a través del paisaje”, el fomento de la cultura del territorio y el aprovechamiento de todo el potencial que puede ofrecer la región.
Mediante la ley, el Ejecutivo regional quiere regular aspectos que ya figuran en la legislación de otras comunidades autónomas españolas, adecuándose al ‘Convenio Europeo del Paisaje’, que fue ratificado por España a finales de 2007. Este convenio recoge la necesidad de una protección y tutela, pero también de la activación del paisaje como elemento capaz de dinamizar el territorio.
Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con normas dispersas y sectoriales al respecto que el Ejecutivo autonómico actual pretende compactar para dar cumplimiento a dicho convenio europeo y ampliar en función de las nuevas directrices europeas. La cuestión es si tal normativa chocará en mas ocasiones con la enorme eclosión de la energía solar.