García-Page sopesa una auditoría a Europa sobre el “negocio oscuro del agua” en la zona de Levante
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que el Gobierno regional baraja la posibilidad de requerir una auditoría a las autoridades europeas “sobre el negocio oscuro del agua” en las regiones del Levante. Ha mostrado así su rechazo a quienes justifican “un delito ecológico” como es el trasvase Tajo-Segura, aduciendo que en Castilla-La Mancha existen pozos ilegales o que no se gestiona correctamente el agua.
“Vamos a terminar reclamando una auditoría a la Unión Europea, si nadie se atreve a hacerlo en España, sobre el negocio oscuro del agua en el Levante”, ha subrayado García-Page, quien también ha hecho hincapié en que, como presidente regional, no admitirá que “desde ningún sitio de España” se argumente de esa manera a favor de “un atropello brutal como el que se hizo en dictadura”.
En este contexto, ha recordado que el Tribunal Supremo ha confirmado que “tiene que cambiar la política del agua” en España, por lo que, ha advertido “no me van a dejar de escuchar, porque a mí me pagan por defender los intereses de mi tierra, que son los mismos de España”.
Independentismo y “egoísmo”
Por otra parte, el socialista ha asegurado que “detrás de la pelea que hay ahora en España” y que “a veces ha derivado en problemas de orden público” subyace “un problema de límite del Estado de Derecho” y “de qué hacer cuando decide saltárselo todo y tomarnos el pelo”. “Tenemos que ser muy claros y muy firmes” al respecto, ha hecho hincapié García-Page, quien ha reiterado que “detrás del independentismo en Cataluña lo que hay es egoísmo puro y duro”, ante lo que ha manifestado su disposición a “exponer en común” tanto que “vivimos en el mismo país” como que “cada día queremos ser más iguales”.
Asimismo, ha asegurado que en Castilla-La Mancha “no necesitamos” policía autonómica porque “queremos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional” y ha expresado su rechazo a que el conjunto de la ciudadanía deba asumir la financiación de los cuerpos autonómicos de seguridad “que se quieren dar otros” y que, en cualquier caso, “responden ante la misma autoridad, que es la del Estado”.
