La declaración de Santiago firmada por ocho presidentes autonómicos este martes no es “un documento de trámite”, ni tampoco es “postureo”. Así lo defiende Emiliano García-Page, uno de los firmantes, que ha celebrado haber alcanzado una declaración “sosegada” y que aborda, por ahora, “bastante temas”, aunque se queden otros pendientes. “Nuestra imagen, es una versión de la España en positivo, de mucha gente que trabaja y lo hace por componer o por sumar”, recalcó el presidente castellanomanchego que bromeó con el atomizador desinfectante de rigor en tiempos de coronavirus llamándolo el “nuevo botafumeiro”.
García-Page venía preparado a la reunión. Había anunciado que su bandera sería la prórroga de los fondos para cubrir los fondos gastados por las regiones durante la crisis sanitaria. Una cifra que en Castilla-La Mancha supera los 300 millones de euros. “Hemos hecho un esfuerzo por componer un documento que aporta y suma”, recalcó. Y suma en dos opciones que son las que “nos interesan”: al debate político en España y al diálogo territorial “legítimo” que se propone en la Constitución. “Sumamos a mucha gente y grandes formaciones políticas. Hemos sumado constructivamente a España”, enfatizó.
“Hemos venido a echar cuentas”, bromeó García-Page. Eso sí, sin la “pretensión” de tener “toda la verdad”, reconociendo así que el “puzzle de la pluralidad del país” lo “debe” componer el Estado. Pero, advirtió, las comunidades autónomas también forman parte de este modelo y “somos Estado”. “Desde una perspectiva de la España plural, decimos que la pluralidad no se contrapone a la unidad, sino al contrario todos defendemos la unidad sobre la riqueza que cada uno gestiona”, recalcó. También agradeció encuentros de este tipo, porque es “muy sano” poder hablar cambiándose el turno. “Hoy en Galicia, mañana en Cantabria o en cualquier otra comunidad autónoma”. Esto, con “independencia” de las ideas de cada uno y los partidos que representen, recalcó.
“Diferenciamos con mucha claridad los intereses de los partidos de las instituciones”, afirmó el socialista. En conclusión, señaló que este tipo de reuniones lo que hacen es “refrendar” la “clave de bóveda” que es el artículo 14 de la Constitución española, en defensa de los “grandes servicios públicos” como la sanidad, la educación o la dependencia. “La única cuenta que puede valer es la que financie este modelo”.