Las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo con el Gobierno central para suprimir la tasa de reposición en las ofertas de empleo público en sanidad, educación y servicios sociales, que limitaba la convocatoria de plazas, y podría añadirse también en materia de emergencias. Así lo ha destacado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras asistir a una nueva reunión preparatoria de la VI Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo 17 de enero, y en la que habrá acuerdo en esta materia.
Según ha recordado, esta era una de las reivindicaciones de Castilla-La Mancha, pues además no tiene coste presupuestario y, por lo tanto, no tiene repercusión en del déficit. “Es un gran avance porque es imprescindible para la consolidación de los servicios públicos”, ha dicho el vicepresidente, quien ha subrayado que se haya acordado también como un nuevo punto en el orden del día abordar la problemática del empleo.
Sin embargo, queda pendiente alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica, pues las comunidades autónomas consideran que es esencial para el sostenimiento del Estado del Bienestar, especialmente la financiación de la Ley de Dependencia. “Estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda nos haga una propuesta, porque tanto la financiación de la Sanidad como la Dependencia son de las que más incidencia tienen en el presupuesto”, ha añadido.
En este punto, Martínez Guijarro ha insistido en que el Gobierno de España está incumpliendo la Ley de Dependencia que preveía una financiación al 50 por ciento entre Administración nacional y regional de estas prestaciones y “en el nuevo modelo de financiación autonómica tiene que quedar perfectamente corregido”.
También ha avanzado acuerdos en otros puntos del orden del día en los que había incidido la Junta como la modificación del reglamento de la propia Conferencia de Presidentes. Se ha aceptado por parte del Gobierno central y del resto de regiones el planteamiento para dotar de mayor operatividad a estas reuniones.
Así, se creará un grupo de seguimiento de los acuerdos y se elaborará un informe para que los propios presidentes autonómicos conozcan cuál es el grado de ejecución y cumplimiento de los acuerdos que se adoptan en el seno de la Conferencia.