El Gobierno regional quiere llevar a la Fiscalía el informe de Greenpeace sobre el Tajo-Segura

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “estudiando y valorando la viabilidad jurídica” para presentar el informe de Greenpeace sobre el agua el trasvase Tajo-Segura ante la Fiscalía de Medio Ambiente, y así darle mayor fuerza a las denuncias que ya se han formalizado por parte de ayuntamientos como los de Toledo o Aranjuez. El Ejecutivo va a solicitar oficialmente el informe a esta organización.

A este respecto, García Élez ha querido agradecer al colectivo el trabajo realizado con ese estudio y ha dicho que “viene a decir lo que el Gobierno regional viene manifestando desde el inicio de legislatura: que hay unas prácticas, que no son muy legales, por parte de otras comunidades autónomas a la hora de pedir o utilizar el agua”. También ha reiterado que la Junta nunca se ha negado a ser solidaria y “siempre lo ha sido en materia de agua”. “El problema es que ya no la hay, el Tajo ya no aguanta más”.

En la misma línea, ha expresado que “hay un tema en el que discrepamos con el informe de Greenpeace y es en los plazos”. Las conclusiones del documento fijaban el fin de un hipotético trasvase dentro de tres años, a lo que ha subrayado que “tenemos claro que no va a poder finalizar en tres años, porque no hay agua. Nuestra idea es que el trasvase sea cero y lo sea desde ya, como hemos dicho siempre que hemos alzado la voz y como se lo hemos trasladado al Ministerio”.

Igualmente, ha añadido que el Tajo “ya no aguanta más, está seco, tiene un volumen de poco más del 10 por ciento de su capacidad y un 9,5 por ciento menos de agua que hace un año, en términos interanuales”; por eso ha pedido al Gobierno de España y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que “tienen que ser conscientes, dado que cada año tenemos menos precipitaciones y hay un cambio climático que nos está afectando notablemente”. Mientras tanto, García Élez se ha comprometido a seguir en la lucha reivindicando no solo los 23 trasvases aprobados en la presente legislatura, “para nosotros ilegales”, sino también “esperando a que la justicia se pronuncie para darnos la razón mientras”.

Este estudio ha provocado también la reacción del Gobierno de Murcia. Su presidente, Fernando López Miras, ha subrayado que la cuenca del Segura tiene un déficit hídrico estructural de 400 hectómetros cúbicos“. Según ha manifestado, el déficit hídrico del Segura ”solamente se soluciona con un Plan Nacional del Agua en el que se maximicen recursos de las desaladoras y se tenga en cuenta la cesión de derechos, pero, sobre todo, se soluciona con trasvases“.

“Soy un presidente trasvasista, al igual que el Gobierno regional”, ha afirmado, añadiendo que  “no queremos quitarle nada a nadie”, pero que el agua “va de España a España, no de una región a otra”. “Este problema se arregla con trasvases, no solo para los murcianos sino para todos aquellos territorios donde haya escasez de agua”.