El trasvase Tajo-Segura podría cerrar en tres años al ser Murcia “autosuficiente” hídricamente
La “trama” alrededor de la gestión hídrica en la cuenca del Segura mantiene sus irregularidades, diez años después de que Greenpeace realizara su primer informe. La organización presentó en Toledo su nuevo documento 'La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después“, en el que analizan la situación del río y también, obligadamente, la del trasvase que lo conecta con Castilla-La Mancha. ”Murcia puede ser perfectamente autosuficiente con el agua subterránea y no necesitar el trasvase nunca más“, aseguró el hidrogeólogo Francisco Turrón.
Pero Greenpeace no sólo se ha querido referir a las anomalías detectadas en años de trabajo alrededor del problema, sino también a las 'víctimas' de las mismas, principalmente agricultores de la zona que ven amenazadas sus explotaciones agrarias de muchos años, al no poder acceder a regadío. La organización lo deja claro: se niega el agua a la agricultura tradicional, mientras se abastece a grandes plantaciones, urbanizaciones y campos de golf. Los que han querido dar la cara, como Pedro Morales, de Lorca, que ha llegado a denunciar amenazas con armas de fuego.
Manipulación y ocultación de datos
Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, ha afirmado que el nuevo documento comprueba que los mecanismos de espolio de los recursos hídricos se han ido “sofisticando” y que se siguen creando nuevos regadíos en la zona, incluso en zonas protegidas. Barea ha insistido en la idea falsa de que en Murcia existe un déficit hídrico, un planteamiento con lo que se “está intentando beneficiar unos negocios”. En esto cabe también el trasvase, que nació con “intereses económicos, no era necesario y se han manipulado y ocultado datos de forma sistemática para seguir justificandólo”. Barea ha lamentado también que, debido a estos intereses, es posible que los recursos impuestos desde la Junta a la última veintena de desembalses caigan en saco roto.
No sólo se han creado nuevos regadíos, cuando la normativa señala que se debe parar hasta el 2030, sino que se está rotulando monte público o fincas de secano. Esta “voracidad” de los recursos hídricos proviene de estos intereses, señala Barea. A la par, se encuentran los pequeños agricultores, que han denunciado amenazas y coerciones y que ven sus explotaciones ancestrales en peligro, al no tener acceso a “agua fácil o barata” que sí tienen las grandes empresas. “Este trato desigual es absolutamente dramático”, explicó Barea que resumió el “fraude” de la cuenca en la planificación que permite ocultar el potencial con el que sí cuenta la zona. “La cuenca del Segura puede ser insuficiente. No tiene déficit y tiene un superavit de hasta 200 hectómetros cúbicos todos los años”, afirmó.
No se tienen en cuenta las aguas subterráneas
“No se están contabilizando las aguas subterráneas y se está perdiendo muchísimo caudal, tanto es así que los datos nos hacen sospechar que podría ser hasta 15 veces superior”, explicó Barea. Por su parte, Francisco Turrión explicó cómo se han ignorado los acuíferos por debajo de la tierra de manera sistemática en los planes hidrológicos, a pesar de que así lo establece la normativa. “La ley dice que una masa de agua subterránea es un volumen claramente diferenciado”, afirmó. De este modo, señaló que si bien la cuenca del Segura es efectivamente “pobre” en aguas fluviales, lo es muy rica en las subterráneas.
Tomando en cuenta estos recursos, más los que pueden ofrecer las desaladoras, el superávit que puede alcanzar la zona llegaría a los 200 hm3. “Se trata simplemente de auditar los números”, afirmó. “¿Por qué tienen que decir que hay déficit. Por el lobby de las constructoras, que tienen que seguir haciendo obra”, afirmó. El hidrogeólogo apunta a que “nos hicieron creer” que sólo se puede acceder al agua superficial, pero que es algo “ficticio. ”Es una trampa contable, porque no hemos incluido entre 500 y 800 hectómetros cúbicos que van al mar“, señaló.
Por su parte, el agricultor Pedro Morales, denunció también que no sólo ha recibido amenazas para dejarlo prácticamente sin agua, sino que ha habido “apropiación indebida de sus terrenos”, con medidas que, afirmaba, iban en contra de la Ley del Agua y también de la normativa alrededor del trasvase. “La Administración tiene datos, y sabe que hay empresarios que hacen lo que les da la gana. Amplían cientos y miles de hectáreas y la administración sólo les aplaude”, afirmó.
“Se ha machacado a los murcianos con que no hay agua, los han engañado y nos han engañado a todos. Se ha escondido información”, afirmó Turrión. Por eso, desde Greenpeace abogan porque cada vez que se amplíe un regadío acuda el Seprona y la Fiscalía, para establecer si es regular o no. Por otro lado, ha señalado que es necesario consensuar con los agricultores más pequeños, para lograr fomentar un desarrollo sostenible en las zonas rurales: “Tenemos que ser democráticos a la hora de dar acceso a los recursos”, sentenció el hidrogeólogo.
