Las ayudas de la Junta a granjas porcinas se limitarán a instalaciones de hasta 1.000 ejemplares
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a limitar las ayudas a las granjas porcinas de tal forma que sólo puedan beneficiarse aquellas que alberguen a menos de 1.000 ejemplares. Es lo que ha trasladado el consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo en las Cortes de Castilla-La Mancha.
“Vamos a cambiar las ayudas, de tal manera que solo se subvencionen granjas de tamaño pequeño y mediano, granjas de menos de 1.000 cerdos, de cebo o de 200 madres en ciclo cerrado. Esto son granjas de tipo familiar”. Y son un tipo de explotación que, por tamaño, no necesitan la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sí hacen falta en caso de disponer de más de 2.000 plazas.
El consejero anunciaba la modificación de sendas órdenes de ayudas a la mejora de explotaciones ganaderas y a jóvenes, cuyas bases se publicarán la próxima semana.
Ha sido la respuesta de Martínez Arroyo a una pregunta oral formulada por el diputado de Podemos David Llorente, quien cuestionaba al consejero por qué cantidad total de fondos públicos se han destinado para subvencionar a la ganadería intensiva, las conocidas como macrogranjas.
Llorente afeaba al consejero que haya dicho que “subvenciona la ganadería extensiva pero también lo hace con la intensiva. Es como subvencionar el cambio climático y a la vez, la lucha contra él. No se puede soplar y sorber a la vez”, le espetaba.
También le recordaba sus declaraciones en las que aseguró que “la autorización a las macrogranjas le compete a los ayuntamientos de forma exclusiva y en ningún caso al Gobierno de Castilla-La Mancha. Eso no es cierto y lo sabe. Ningún ayuntamiento puede aprobarla sin que usted la haya autorizado antes. Después al ayuntamiento le es muy difícil oponerse al promotor”. También comentaba el diputado de Podemos que el Estatuto de Autonomía dice que es la Junta la que tiene competencias exclusivas en ordenación del territorio, agricultura, ganadería y planificación de la actividad económica.
“Usted señor consejero debe evaluar el impacto socio-ambiental que supone la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha y debe defender el interés general”, argumentaba el diputado de la formación morada.
Tanto colectivos vecinales como ecologistas que, a lo largo de los últimos meses, se han opuesto frontalmente a la insatalación de las macrogranjas en diferentes puntos de la región, han sido muy críticos con la concesión ayudas o subvenciones que el Gobierno de Castilla-La Mancha otorga a las empresas promotoras. Hecho que ha sido señalado en varias ocasiones como efecto llamada tal y como advertía, en julio de 2017, el colectivo Stop Macrogranjas. La Plataforma, entonces recién creada, consideraba que el origen del problema son las ayudas económicas que, por primera vez, presta la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural a esta ganadería intensiva. La ayuda es del 65% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por puesto de trabajo. A esto se unen otros 27.000 euros si la inversión lleva asociada un expediente de incorporación de joven agricultor. “Sin estas subvenciones no existiría esta proliferación descontrolada de macrogranjas”, advertía la plataforma.
Ya el pasado mes de febrero la Plataforma contra las macrogranjas pedía la supresión de ayudas a ganadería intensiva a las Cortes regionales puesto que relacionan el crecimiento el crecimiento de este modelo de desarrollo basado en este tipo de industrias, algo que atribuye a la decisión del Gobierno regional de incluir en el 2016 la ganadería intensiva avícola, porcina y vacuna como “sector estratégico” en el Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
Oleada de solicitudes
Si 2017 cerraba con un notable crecimiento de solicitudes para instalar macrogranjas en municipios de las provincias de Guadalajara, Toledo, Cuenca y Albacete, el 2018 no está siendo menos. En los últimos meses, sólo en la provincia de Albacete, municipios como Pozuelo y Alpera están a la espera que de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, decida califica de positiva la Declaración de Impacto Ambiental solicitada por sendas empresas.
Ambas sobrepasan ese límite de 1.000 cabezas que ha señalado en consejero y que sería condición indispensable para poder recibir las ayudas. En el caso de Pozuelo el proyecto contempla 51 naves y hasta 140.000 cerdos , y en el de Alpera la estructura pretende albergar 7.200 cerdos.
De esta tendencia no se escapan el resto de provincias. Es el caso de Toledo donde se ha detectado una ‘escalada’ de autorizaciones para instalar o ampliar macrogranjas porcinas en municipios como La Villa de Don Fadrique, para que una macrogranja ya existente doble sus plazas de cebo y poder albergar hasta 3.650 animales. Lo mismo que en Villafranca de los Caballeros donde se ha autorizado que la explotación existente pase a tener 4.000 plazas para porcino de cebo. Otras, como las dos previstas para Gamonal, no salieron adelante por la protesta ciudadana y la oposición del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. El último caso más conocido en Cuenca es el de la localidad de Almendros.
