En junio de 2012, una veintena de padres y madres se encerraban por segunda vez en el colegio de Puente de Vadillos para evitar su cierre. La presión de los vecinos no sirvió, finalmente, y la Consejería de Educación hizo oficial el cierre del colegio de la localidad, incluso a pesar de que el centro tenía más de diez alumnos matriculados para el curso 2012-2013, tal como afirmaban los padres y el Ayuntamiento. El Gobierno local había puesto en marcha entonces un sistema para luchar contra la despoblación, atrayendo familias con hijos en edad escolar a la localidad, ofreciéndoles alojamiento gratuito para que se instalaran en la pedanía del Cañizares.
Julio César Bodoque, alcalde de la localidad, anunció entonces que se tomarían todas las medidas legales, acusando al Gobierno regional de ser injusto a la hora de poder conservar sus centros educativos. Con fecha 2 de febrero de 2015, los recursos impuestos por los Ayuntamientos de Castillo de Garcimuñoz y de Cañízares, en contra de la supresión de unidades escolares ya tienen su resultado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictaminado que estima, de forma parcial, que el cierre del colegio en la pedanía de Puente Vadillos es nulo por ser “contrario a derecho”.
La resolución judicial señala que, al analizar el conflicto, ha tenido que determinar si la decisión del Gobierno regional tenía base jurídica y se adoptaba a los parámetros de los hechos, o si ha podido ser precipitada, contraria a la legalidad y no suficientemente razonada. En el caso de Puente Vadillos, el Tribunal señala que se certificó el 17 de abril que la unidad escolar tenía un total de doce alumnos escolarizados, por lo que apuntan que “la decisión ni queda debidamente racionalizada, ni suficientemente fundamentada”. El recurso también se impuso en contra del cierre de la unidad de Castillo de Garcimuñoz, pero fue desestimado por el Tribunal, al solo tener seis alumnos matriculados para el curso escolar en cuestión.
Ante el resultado, el alcalde del municipio de Cañizares ha señalado que en el pueblo se debaten entre la alegría y la rabia. “Nos han dado la razón, y no tenían que haber cerrado el colegio. Estamos alegres por eso”, afirma Bodoque. Sin embargo, el edil también apunta que han sido dos años en los que los niños se han tenido que desplazar a otras localidades, como Cañamares y Cañizares, sin tener que hacerlo. Bodoque espera también que la Junta imponga un recurso de casación, como señala también el Tribunal, sin embargo afirma estar “muy satisfecho”. “Tanto las madres como el Ayuntamiento luchamos mucho por el colegio, y teníamos razón”, finaliza.