El Gobierno de España ha transmitido una nueva negativa al indulto de los repobladores de Fraguas tras otra pregunta al respecto del portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet. El Senador preguntó al Consejo de Ministros si se concedería el indulto a los repobladores de la pequeña localidad alcarreña, situada en Guadalajara, así como si el Estado pensaba “interceder” ante el Gobierno regional de Castilla-La Mancha para “ propiciar un acuerdo con las personas que han repoblado Fraguas, y evitar el derribo de las construcciones”.
Además, Mulet pregunta también por las medidas que el Ejecutivo nacional piensa adoptar para “futuros” casos “vergonzosos” como este y así “propiciar la repoblación sostenible” de la “España vaciada”. Mulet se ha dirigido en numerosas ocasiones al Gobierno de España en este sentido. En primera instancia, el Gobierno se refirió a la “lealtad institucional” y argumentaba que “interferir en una decisión adoptada por un Gobierno autonómico, sin que dicha intervención del Gobierno estatal esté prevista por el ordenamiento jurídico, sería desconocer el citado principio de lealtad institucional”.
De este modo, Mulet ha dirigido una nueva pregunta tras un “continuo cúmulo de evasivas, respuesta a medias, medias verdades o mentiras”: “¿He de interpretar que existe poca predisposición a conceder este indulto?. También que ”visto que la lealtad institucional contempla también el diálogo fluido, y que se ha resuponer un cambio de actitud del actual gobierno central como también del Gobierno autonómico respecto al que inició estas actuaciones contra los repobladores de Fraguas, ¿prevé abordar el Gobierno central con el Gobierno de Castilla la Mancha algún diálogo sobre este tema?“.
La nueva respuesta del Gobierno señala que un posible indulto se rige por la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. “Por tanto, no existe la predisposición en la tramitación y resolución de las solicitudes de indulto, los cuales se ajustan a las previsiones contenidas en la citada Ley”. En cuanto a un posible dialogo“ entre ambas administraciones, nacional y regional, ”se ajustará, en todo caso, al principio de lealtad institucional“.
“El Gobierno vuelve a recordar que interferir en modo alguno en una decisión adoptada por un Gobierno autonómico, sin que la intervención del Gobierno estatal esté prevista por el ordenamiento, sería, como se ha dicho, desconocer el principio de lealtad clinstitucional”, concluye la respuesta de este lunes 6 de julio.