Aunque las seis Oficinas de Intermediación Hipotecarias creadas por el Gobierno regional para frenar los desahucios en Castilla-La Mancha ya han atendido varios casos desde su puesta en marcha, todavía no existe una coordinación efectiva con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) que operan en esta comunidad autónoma. Así lo han puesto de manifiesto las nueve plataformas provinciales presentes en la VII Asamblea Regional que han celebrado en Cuenca y que ha servido para acordar una petición colectiva a la Junta de un protocolo de acción con estas oficinas.
Según ha explicado a eldiarioclm.es uno de los miembros de la PAH de Cuenca, Julián Gómez, la reunión ha servido para consensuar más acciones de visibilidad social y de presión contra los bancos, pero también para constatar que aunque las oficinas antidesahucios de la Junta se han puesto en contacto con las PAH para abordar determinados casos, “todavía no hay una colaboración real”.
Por ello van a dirigir una petición al Gobierno de Castilla-La Mancha para que haya una coordinación regional entre plataformas y oficinas, así como unos protocolos “que sean para todos iguales”. “Hemos tenido casos distintos de gente con orden de desahucio por impago de alquiler a la que no se atiende, gente para la que piden directamente dación en pago, y otros a los que se les ha reestructurado la hipoteca, y todo eso debe aunarse para seguir los mismos pasos en cada caso concreto”, argumentan.
Asimismo, la asamblea también ha servido para dar el visto bueno a la constitución de futuros grupos de trabajo a nivel regional, al igual que funciona la estructura estatal de la PAH. Serían comisiones sectoriales para tratar diferentes temas y desde las cuales se abordaran acciones conjuntas contra las entidades bancarias que siguen ejecutando órdenes hipotecarias y desahuciando en la región.
Finalmente, las plataformas antidesahucios castellano-manchegas van a trasladar de nuevo a la Junta la necesidad de desarrollar una Ley de Vivienda Pública. De momento, siguen trabajando en el borrador de la anunciada Iniciativa Legislatura Popular, pero viendo que la que se hizo a nivel nacional no llegó a votarse en el Congreso de los Diputados, apuestan por que sea el Gobierno castellano-manchego quien incorpore las propuestas de estos colectivos en esa futura normativa.