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En el 25 aniversario de la declaración del parque nacional de Cabañeros que se cumple el 20 de noviembre de 2020 toca hacer balance de la historia de un espacio natural referente de la defensa de la naturaleza y valorar como afronta por fin el último paso para cumplir con la ley de parques nacionales, el cese de la caza.
Como es conocido, si Cabañeros fue declarado parque nacional se debe a la movilización social y ambiental que consiguió impedir en la década de los ochenta del siglo pasado que se instalara un campo de tiro del Ejército del Aire en el corazón del ecosistema más representativo de la Península Ibérica, el bosque mediterráneo. Movilización que tuvo una réplica evitando poco después que el campo de tiro se trasladara a la vecina Anchuras.
El valor de esa acción no fue sólo evitar que se construyera una instalación militar que hubiera cambiado para siempre el paisaje de los Montes de Toledo, una de las comarcas naturales más extensas de España. Si no que fue sobre todo dar a conocer y poner en valor su extraordinario patrimonio natural, lo que llevó a un camino de sucesivas protecciones medioambientales. Primero con la declaración de un parque natural en 1988; después, en 1995, con la declaración del parque nacional; finalmente con la incorporación en 1997 de más de 218.000 hectáreas de superficie de esta comarca a la Red Natura 2000 europea.
La evolución de la protección ambiental de la zona está conectada indeleblemente al proceso de consolidación del movimiento ecologista en Ciudad Real, Castilla-La Mancha y España. Algunos de los más conocidos referentes ocuparon Cabañeros en 1983 y 1987 y Anchuras en 1988. Y en la defensa de este hito coincide el germen de la asociación Cabañeros, cofundadora de Ecologistas en Acción en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, y de grupos que sumarían fuerzas a la gran confederación estatal que es hoy Ecologistas en Acción.
En estos 25 años las 40.856 hectáreas del parque nacional han mejorado sustancialmente en sus condiciones naturales, especialmente en el 55 % de superficie de titularidad pública. Se ha fortalecido su masa forestal característica representada por bosques, montes y dehesas de encinas, alcornoques y robles. Se han restaurado dañosas repoblaciones de pino. Se ha multiplicado la presencia de dos de sus especies más emblemáticas, el águila imperial ibérica, con cuatro parejas, y el buitre negro, con una colonia que ronda las 300 parejas. Y se ha convertido además en un referente ecoturístico.
En el debe está que a día de hoy se siga practicando la caza a pesar de que la Ley de Parques Nacionales declara que es una actividad incompatible con su conservación. Las cicatrices que provoca esta actividad son evidentes en los 18 cotos de caza que subsisten en Cabañeros y se extienden al conjunto del parque. En sus 21.120 hectáreas de cotos se observan amplios cortaderos y comederos que han destruido la vegetación, cientos de kilómetros de vallados cinegéticos que fragmentan el espacio impidiendo la movilidad de las especies. En sus malas prácticas, como la incentivación de la caza mayor y la persecución de los predadores, se encuentra el origen del problema de la sobreabundancia de algunas especies de ungulados, singularmente el ciervo y el jabalí. Así como la ausencia de especies clave para el equilibrio del ecosistema, como son el lobo y el lince ibérico.
Precisamente en la polémica sobre los excesos de población de ungulados que ha generado la propia actividad cinegética se focaliza el mayor reto que debe afrontar el parque nacional en su futuro inmediato. El día 5 de diciembre de 2020 se cumplen seis años de la moratoria concedida graciablemente por el primer Gobierno dirigido por Mariano Rajoy para que sea definitiva la prohibición de la práctica de la caza en Cabañeros.
Ese día debiera terminarse la caza en el parque nacional, así será, al menos sobre el papel y aunque tres cotos la tienen autorizada más allá de ese plazo. El problema es que en este tiempo de moratoria el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), la Junta de Castilla-La Mancha y la Cátedra de Parques Nacionales han generado un relato de la situación que afecta a los ungulados para que bajo el paraguas del control de poblaciones se permita a los titulares de las fincas seguir cazando y se lucren del producto de sus cacerías. La única salvedad que se pone a esas actuaciones es que deben formar parte de un plan de gestión de los ungulados dirigido por el OAPN y la Junta, y que tales prácticas no deben publicitarse como actividades comerciales o deportivas.
Esta forma de afrontar el control de poblaciones supone para Ecologistas en Acción un fraude que pretende sortear la prohibición de cazar que establece la Ley de Parques Nacionales y, por ese motivo, sus dos representantes en el patronato del parque nacional votaron en julio pasado en contra del PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) que está en fase de aprobación.
Ecologistas en Acción ha alertado de esta maniobra a la recientemente nombrada directora del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, María Jesús Rodríguez, ya que, además, éste es el modelo de actuación que se quiere poner en práctica en el resto de parques nacionales donde todavía se caza de una u otra manera y que podrían ser al menos 7.
Aparte de los aspectos jurídicos alegados al PRUG de Cabañeros, Ecologistas en Acción esgrime para que no se permita el control de poblaciones mediante modalidades de caza varios y contundentes argumentos que ninguno de los implicados en la propuesta (OAPN, Junta de Castilla-La Mancha y Cátedra de Parques Nacionales) han querido asumir, pero que se encuentran explícitos en todos los informes y estudios oficiales que se manejan, el último uno sobre la población de ungulados en el parque nacional que acaba de distribuirse a los miembros del Patronato.
En esos textos se declara sin ambages que la pretendida superpoblación que se pretende atajar tiene su origen en la gestión de la caza mayor que se hace en los cotos, la ausencia de predadores como el lobo y el lince y en la fragmentación del hábitat que provocan los vallados. Las poblaciones de ungulados no hacen otra cosa que responder a las alteraciones de un ecosistema en el que se han exterminado a los principales predadores y que está alterado por una caza gestionada como una ganadería.
Poner el foco en la consecuencia, esto es la sobreabundancia de ungulados en los cotos, y no en las causas, es una forma errónea de afrontar estas situaciones e implicará la perpetuación del problema.
Ecologistas en Acción reclama para Cabañeros medidas de restauración de los hábitats frente a los impactos de la caza, como la retirada de vallados y el cese de las malas prácticas cinegéticas. Acciones que lleven a la recuperación integral del ecosistema y a la recolonización de la zona por parte de los grandes depredadores. De esa manera se garantizaría el cumplimiento de los objetivos de conservación del parque nacional.
Asimismo llama la atención sobre el hecho de que en los montes de Estado dentro del parque, donde se realiza un control de poblaciones en vivo y con capturaderos, las poblaciones de ungulados están mucho mejor y más equilibradas que en los cotos, por lo que no hay justificación alguna para que se sigan pegando tiros en Cabañeros, y mucho menos para que lo hagan y se beneficien de ello los titulares de los cotos a los que se les va a pagar una importante indemnización por dejar de cazar.
A la vista de cómo evolucionen los acontecimientos Ecologistas en Acción se prepara ya por si tuviera que acudir a los tribunales si no se corrigen los documentos que guiarían la gestión de los ungulados en Cabañeros y se sigue consintiendo la caza de forma encubierta en éste o en otros parques nacionales.
En el 25 aniversario de la declaración del parque nacional de Cabañeros que se cumple el 20 de noviembre de 2020 toca hacer balance de la historia de un espacio natural referente de la defensa de la naturaleza y valorar como afronta por fin el último paso para cumplir con la ley de parques nacionales, el cese de la caza.
Como es conocido, si Cabañeros fue declarado parque nacional se debe a la movilización social y ambiental que consiguió impedir en la década de los ochenta del siglo pasado que se instalara un campo de tiro del Ejército del Aire en el corazón del ecosistema más representativo de la Península Ibérica, el bosque mediterráneo. Movilización que tuvo una réplica evitando poco después que el campo de tiro se trasladara a la vecina Anchuras.