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Hablábamos la semana pasada de esas zonas de la ciudad que se vacían de población, de actividad y, lo que es irreversible, de nuestro patrimonio. Y es que nuestros administradores son jueces y parte implicada en la destrucción, pero también en la protección de nuestro patrimonio, y, quizá, por ello los más interesados en que las cosas sigan como están.
El Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) aprobado a finales del siglo pasado, tenía por objeto la protección del área afectada por la declaración de Conjunto Histórico de Toledo, desarrollando la Ley 1 6/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y la ya derogada Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha por otra más reciente Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Prueba de que el PECHT no es ya una herramienta útil es que hemos asistido a lo largo de un cuarto de siglo a nada menos que ocho modificaciones puntuales, siendo la novena la que procura atender, de nuevo, a los intereses particulares de un grupo hostelero que desea intervenir en la zona más sensible de la ciudad, allí donde hay evidencia de importantes restos arqueológicos romanos, donde la trama urbana medieval es más nítida y se recogen los frutos de una política activa de abandono de palacios de diversas épocas y estilos.
Tampoco amplía su cobertura como debiera la “zona de protección del entorno”, resolviéndolo también con intervenciones puntuales: declaración de Bien de Interés Cultural para la Vega Baja o por el Plan Especial de los Cigarrales de Toledo en 2007. Para más inri, el Plan de Ordenación Municipal de 2007, que atiende a todo el conjunto de la ciudad, está declarado nulo por los tribunales desde 2018 y nos regimos por otro redactado en 1986.
Han pasado 25 años y hemos asistido a varias crisis económicas, una guerra y una pandemia. El Casco Histórico toledano ha conocido -como por otra parte ha ocurrido en todo el país- el cierre del comercio tradicional por la apertura de las grandes superficies y el desarrollo del comercio online. La revolución en las comunicaciones ha provocado asimismo el boom turístico, donde rápidamente confluyen intereses de los dueños de inmuebles y grupos de inversión, que han encontrado en los apartamentos turísticos, la hostelería y las franquicias en objetivo de sus inversiones, encareciendo el cotizado suelo del Casco Histórico y expulsando a más población, dejando obsoleto el término “gentrificación”.
Se requieren unos objetivos más claros para la protección del patrimonio cultural. Todos los profesionales están de acuerdo que hay que intervenir no sólo en el casco histórico y su entorno, sino abordar el conjunto del planeamiento de la ciudad y el ordenamiento de movilidad y accesibilidad de todas las poblaciones vecinas, atendiendo asimismo a la racionalidad de las actividades económicas y al uso del espacio. Y no sólo estamos hablando de bienes inmuebles o muebles, sino también del patrimonio inmaterial, del natural y del paisaje.
Por ello, no se puede dejar la redacción del nuevo POM y PECHT a los arquitectos, sino que debe ser un equipo multidisciplinar donde geógrafos, antropólogos y sociólogos tengan algo que decir. Y, por supuesto, la participación ciudadana. Es significativo que el movimiento vecinal esté en nuestra ciudad bajo mínimos. Años y años de maltrato por parte de las autoridades locales ha laminado las ganas de participar en lo público. No puede ser que el Consejo social de la ciudad, creado por aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, se haya considerado prescindible en los últimos años. La tan prometida “revolución” en la participación y transparencia auspiciada en la legislatura anterior se ha quedado en agua de borrajas.
Estamos defendiendo un modelo de patrimonio que creemos que es el único que mantiene a duras penas el legado que se ha tardado en construir cientos de años. Es la “imagen” que vendemos en los folletos turísticos y el que viene buscando el turismo: La ciudad de las tres culturas, la ciudad convento, uno de los mayores cascos históricos de Europa. Modelo repetido a lo largo y ancho de nuestro continente, donde ciudades monumentales (Dubrovnik, Croacia-, Isla de Sveti Stefan –Montenegro-, Albi –Francia-, Venecia –Italia-) se convierten en verdaderos “parques temáticos” para el turismo cultural. No rompamos la gallina de los huevos de oro, un patrimonio sin vida es un patrimonio/mausoleo que termina agotándose en sí mismo.
Hablábamos la semana pasada de esas zonas de la ciudad que se vacían de población, de actividad y, lo que es irreversible, de nuestro patrimonio. Y es que nuestros administradores son jueces y parte implicada en la destrucción, pero también en la protección de nuestro patrimonio, y, quizá, por ello los más interesados en que las cosas sigan como están.
El Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) aprobado a finales del siglo pasado, tenía por objeto la protección del área afectada por la declaración de Conjunto Histórico de Toledo, desarrollando la Ley 1 6/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y la ya derogada Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha por otra más reciente Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.