Metástasis en la vivienda pública regional

Es manifiesto y notorio que las promociones de vivienda pública, destinadas al alquiler social, en nuestra comunidad autónoma, solo conocen la línea descendente de los deterioros físico y social.

Esta tendencia negativa, que incluso podemos definir como destructiva, hace que la administración competente en materia de vivienda, es decir, la Consejería de Fomento del Gobierno regional no cree en la vivienda social, ni en las ventajas de una verdadera política de vivienda pública. 

Esta falta de fe política y social, junto a la ausencia de voluntad, de recursos y, finalmente, de soluciones técnicas, han motivado que el actual parque público regional de vivienda en alquiler, de más de tres mil viviendas, sea un resto que no se ha podido vender a sus inquilinos, aún en condiciones de saldo y liquidación, por su mal estado constructivo y de mantenimiento, pero, sobre todo, por los graves problemas de convivencia existentes en todas las promociones.

A esta situación hemos llegado por el abandono de la gestión y del mantenimiento, por parte del ente público GICAMAN, empresa pública de la Junta de Comunidades, titular y arrendadora de las viviendas, a la que no se ha dotado de los medios económicos y personales suficientes, ni tampoco de la responsabilidad y autoridad, necesarios para ejecutar una gestión técnica y profesional, que permita mantener un nivel de calidad y dignidad de las viviendas sociales, al mismo tiempo que la sostenibilidad de una política de vivienda pública.

Son conocidos y, últimamente, de actualidad informativa, los conflictos sociales de la Junta de Comunidades, o de su Consejería de Fomento y GICAMAN, con usuarios e inquilinos de sus viviendas, que se extienden como un cáncer a los barrios y municipios donde se encuentran estas promociones y que afectan, principalmente a todas las capitales de provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, además de importantes ciudades como Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Puertollano, etc.

El tiempo de ignorar los problemas, mirar hacia otro lado, como a las comunidades de usuarios o Juntas Administradoras de los edificios de viviendas, o trasladarlos a otras administraciones públicas como a los Servicios Sociales municipales o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o locales, ha terminado. 

Fue necesario asumir responsabilidades por el Gobierno regional hace mucho tiempo, cuando la Constitución, en su organización territorial del estado, dio competencias exclusivas a los gobiernos autonómicos en materia de vivienda. Ahora es absolutamente necesario y urgente tomar decisiones políticas, legislar y modificar normativas en relación con el arrendamiento y cesión de uso de viviendas públicas y, también, asumir unos costes añadidos de reparación de daños y, posiblemente, políticos y electorales. 

En caso contrario, es decir, si no se toman medidas directas de intervención, para la eliminación de los tumores existentes, se alimentará una enfermedad degenerativa de todos los órganos, que acabará con todos los organismos, incluidos virus, bacterias y parásitos que viven en el/del paciente o sistema.

Es lo que hay.

Es manifiesto y notorio que las promociones de vivienda pública, destinadas al alquiler social, en nuestra comunidad autónoma, solo conocen la línea descendente de los deterioros físico y social.

Esta tendencia negativa, que incluso podemos definir como destructiva, hace que la administración competente en materia de vivienda, es decir, la Consejería de Fomento del Gobierno regional no cree en la vivienda social, ni en las ventajas de una verdadera política de vivienda pública.