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El 22 de enero de 2010 a las 23:56, se tomó el acuerdo más importante en la historia del pequeño pueblo conquense de Villar de Cañas. En un pleno sin estar el asunto en el orden del día, con la ausencia de los dos concejales de la oposición, con un solo vecino y en una sesión extraordinaria convocada tres días antes.
José María Saiz insiste en que, posteriormente, se realizó un segundo pleno con vecinos en el que se ratificó el acuerdo del pleno anterior. Pero este segundo pleno no necesariamente hace legal el primero. Por tanto, está plenamente justificado que se hable de un acuerdo semi-clandestino, con premeditación y nocturnidad. El asunto está ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, merced a un recurso de amparo presentado el 14 de enero de 2014 y admitido a trámite.
Pero para llegar a ese pleno, hubo una planificación: desde 2006 y promovido por la secretaria del ayuntamiento (Carmen Barco) se empezó el movimiento de papeles bajo la mesa. Los más de tres años de “maquinación” (así lo califica el alcalde en una entrevista) terminó en un plan perfectamente estudiado para mantener ocultas las intenciones del alcalde y la secretaria, informando únicamente a los ediles afines. En una entrevista a la prensa Carmen Barco lo explica sin complejos:
“En 2006, con las primeras noticias sobre la instalación, el alcalde y la secretaria comenzaron a informarse. Durante más de tres años recopilaron información con la intención de presentar la candidatura en el último instante. Sostiene que haber informado a la población no habría llevado a nada bueno: -No informamos antes al pueblo porque lo habría envenenado. Yebra lo hizo y no salió”.
La entrevista a Barco, demuestra que la ocultación fue deliberada. O dicho de otra forma: el engaño, la ocultación y la falta total de democracia, están en el origen de la elección de Villar de Cañas. Y esta ocultación se llevó a cabo durante casi cuatro años. Además toma protagonismo una funcionaria que (por ley) no debe influir en la toma de decisiones del consistorio en el que trabaja, puesto que nadie la ha elegido.
Pero Carmen Barco, lejos de rectificar y dejar de inmiscuirse en labores políticas, volvió en el pleno del 27 de noviembre de 2014 a ejercer como concejala, llegando a insultar a la edil de la oposición Olga Bravo. Este lamentable hecho obligo a Barco a dimitir como presidenta del Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Cuenca. Curiosamente, en el siguiente proceso electoral, fue de nuevo elegida en el cargo, que actualmente ostenta.
La fecha del pleno no fue escogida al azar, se fijó con mucha antelación. Se podría haber hecho mucho antes, puesto que el plazo de presentación de candidaturas se abrió el 29 de diciembre de 2009, fecha de publicación de la convocatoria pero se esperó a los últimos días para impedir que se impugnara el acuerdo o que hubiera algún tipo de movimiento social que presionara para que el ayuntamiento se echara atrás.
La secretaria del ayuntamiento de Villar de Cañas es responsable (junto con el alcalde) de hurtar información y la posibilidad de decidir a sus vecinos. El déficit democrático en su forma de actuar es más que evidente. La trascendente decisión de presentar la candidatura a albergar un basurero nuclear, se merecía el sometimiento a una consulta popular. ¿La candidatura a un almacén nuclear no merece un referéndum y las fechas de las fiestas del pueblo sí? Esperemos que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su sitio.