La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha presentado en el Parlamento Europeo una denuncia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por las vulneraciones e incumplimientos que lleva años realizando en la materia de dependencia el gobierno de María Dolores de Cospedal. Adjunta concretamente todas las legislaciones que el gobierno regional no ha cumplido en la legislatura.
De hecho se adjunta también remite de las 53 solicitudes registradas en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para poder reunirse con el Consejero de la materia, José Ignacio Echániz, todas ellas rechazadas o directamente ni escuchadas. 53 peticiones a lo largo de los 41 meses de gobierno de Cospedal, es decir, una cada 20 días aproximadamente. El Consejero en ningún momento se ha dignado a reunirse con el colectivo a pesar de representar a 4.000 personas inscritas en ella y de ser su trabajo.
También se adjuntan otras 4 solicitudes de reunión con la presidenta Cospedal que han tenido similar destino.
Las vulneraciones realizadas por la Junta incluye 6 legislaciones:
- Ley 39/2006 del 14 de diciembre: Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Real Decreto 20/2012 del 13 de Julio: Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad.
- Decreto 26/2013 del 23 de mayo: Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha.
- Orden de 29 de julio de 2013 de Consejería: Catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema de atención a la dependencia.
- Violación de los derechos del punto 26 de la integración de las personas discapacitadas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, concordantes de la Carta Social Europea y del Tratado del Funcionamiento de la Unión.
- Violación de los derechos del punto 34 de seguridad social y ayuda de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, concordantes de la Carta también y del mismo Tratado de Funcionamiento de la Unión.
El dossier presentado por la Plataforma es realmente amplio e incluye numerosa documentación legal con sello de la Junta y de sus organismos, como por ejemplo las revisiones de oficio que ha realizado la Junta ilegalmente de dependientes por las que les ha reducido prestaciones o directamente las ha eliminado, las denuncias y quejas presentadas a la Defensora del Pueblo por estas prácticas (con respuesta positiva hacia la Plataforma además) y al Fiscal General del Estado, y las sentencias de los tribunales y juzgados que dan la razón a los dependientes afectados por estas revisiones.
La Plataforma ha considerado que la única manera de que la legislación se cumpla y que sus quejas, avaladas por los tribunales además, se protejan es llevándolas a un estamento superior y menos politizados para alertar por lo que está pasando en la región con los dependientes, entendiendo que están sufriendo un abuso de poder que, ante personas con una indefensión y problemas sociales tan graves, pueden costar desde la calidad de vida de los dependientes y sus familias, hasta incluso sus propias vidas por su situación que a pesar de estar recogida en las leyes, la Junta de Castilla-La Mancha no cumple.