El PP acusa de “despilfarro” a Page con un informe del Tribunal de Cuentas que aprueba su gestión

Entre los años 2016 y 2017 el Gobierno de Castilla-La Mancha llevó a cabo más de 3.000 contratos públicos. De ellos, un total de 68 han sido objeto de “observaciones” por irregularidades contables en el último informe del Tribunal de Cuentas centrado en la fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, que son cinco regiones: la castellano-manchega junto con Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja.

El informe no relaciona directamente que las irregularidades se produjeran en la totalidad de los contratos ni por tanto con todo el coste derivado de los mismos, pero aún así el PP ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de “despilfarrar” 1.000 millones de euros para colocar a “sus amiguetes socialistas”, algo que tampoco precisa el documento.

La secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, se ha referido a la información publicada por 'OK Diario', donde sí se vincula la cantidad total con todas las irregularidades contables, añadiendo además que “jamás se ha conocido un pufo de tal cantidad en esta región”. De esta manera, Agudo ha lamentado que Castilla-La Mancha vuelva a ser noticia nacional por “un nuevo escándalo” y “haya convertido nuestra región en tan solo cuatro años- en el cortijo que tenía el PSOE andaluz”.

Lo que explica el Tribunal de Cuentas en su informe, consultado por eldiarioclm.es, es que la Administración autonómica, junto con las otras cuatro comunidades autónomas fiscalizadas, ha incurrido en una serie de irregularidades contables como la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que los precios de algunos contratos estuvieran ajustados al mercado.

Irregularidades contables, no ilegales

Los auditores señalan a la comunidad autónoma en muchas ocasiones, en lo que suponen irregularidades contables pero no ilegales puesto que el tribunal aprueba finalmente la gestión de la Junta de Castilla-La Mancha durante los dos ejercicios analizados. No obstante, el PP acusa al Gobierno de gastarse el dinero “de manera irregular y presuntamente ilegal”.

También Ciudadanos se ha sumado a las críticas, aunque sin vincular directamente el importe total con las irregularidades. “El Tribunal afirma que en un importante número de contratos adjudicados bajo la Presidencia de Page no se justifica ni la necesidad, ni la cuantía de los contratos, no se comprueba que haya crédito suficiente para su adjudicación y no se planifican los contratos con la debida antelación” ha comentado Carmen Picazo, candidata de la formación naranja a la Presidencia castellano-manchega. Añade que lo más grave es que “se utilizan procedimientos que facilitan la adjudicación a dedo, los pliegos de cláusulas son genéricos y limitan la competencia, lo que evita que se seleccione a la mejor empresa”.

Por este motivo ha reaccionado también el Gobierno de Castilla-La Mancha. Fuentes del Ejecutivo destacan que la contratación pública se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, que “no pone en entredicho” el Tribunal de Cuentas; y apuntan que el informe ha detectado “observaciones” en relación a 68 contratos de los más de 3.000 que fueron formalizados durante los ejercicios 2016 y 2017 por el Gobierno regional. 

El Gobierno regional “cumple en materia de transparencia”

“El informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia de manera destacada en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato”.

Además, subraya el Ejecutivo de García-Page que el tribunal también reconoce el cumplimiento de las observaciones remitidas en informes anteriores. Entre ellas, por ejemplo, remitir toda la información sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional y aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.

Finalmente, en las alegaciones presentadas al borrador del informe por la Junta de Comunidades, se justifica en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y “el envío de toda la documentación que había solicitado para la evaluación de los contratos examinados”.