Tres propuestas de veto en el Senado a una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha
Tras concluir el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto en el Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, con el objetivo de reducir el número total de diputados, se han presentado diez enmiendas parciales y tres proposiciones de veto auspiciadas por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya-Verds y el Grupo Socialista. El plazo máximo para el trámite en el Senado concluirá el próximo 21 de mayo.
Los senadores de Izquierda Unida Jesús Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal califican en su propuesta de veto esta reforma como “un atentado a la democracia en el momento en que mayor es la desafección ciudadana en relación a la política”. Ambos consideran que si los ciudadanos dicen no sentirse representados no es porque consideren que el problema es el número de representantes o el coste de las instituciones, y apuntan a que ese discurso del PP que presenta la reducción de diputados como complemento de las medidas de ajuste e intento de trasladar una imagen de socialización de los sacrificios, encubre en realidad el objetivo de reducir las posibilidades de control por parte de la oposición y situarse en una posición de ventaja electoral para perpetuarse en el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Para los senadores de IU la reforma elimina el pluralismo político, impide acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos y no se facilita la participación de todos los ciudadanos en igualdad en la vida política de Castilla-La Mancha, porque la proporcionalidad, ya de por si escasa, se reduce mucho más.
Por su parte los senadores de ICV, Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta subrayan que el PP pretende blindar el bipartidismo, impedir el pluralismo político y excluir a la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de acceder a un cargo público.
En definitiva, tal como indican en su texto de veto, “su idea de democracia parlamentaria se convierte en una caricatura”. Y apuntan que las “contradicciones de los dirigentes del PP y en concreto de la presidenta de Castilla-La Mancha llegan al ridículo”, porque se preguntan “¿Cómo es posible que en el año 2012, la presidenta de dicha Comunidad aplicara una reforma que aumentó el número de escaños con el argumento de ”más diputados, más democracia“?
Esto significa pues que, con esta reforma, habrá menos diputados y por tanto menos democracia“ concluyen.
Para finalizar su argumentación le recuerdan al PP que si esta reforma se aplicará a todas las otras Comunidades Autónomas no tendría representación ni en Euskadi, ni en Navarra, ni en Cataluña, sería un partido extraparlamentario.
Finalmente el Grupo Parlamentario Socialista fundamenta su veto en que la reforma es unilateral, pues sólo cuenta con el respaldo del Partido Popular y carece, por tanto, del consenso básico exigible para aprobar una norma que integra el “bloque de constitucionalidad”, como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y regla fundamental para la convivencia.
Creen además que se quiere dificultar el acceso de otras fuerzas políticas a las Cortes de Castilla-La Mancha, al elevar, exponencialmente, el porcentaje de votos que habrán de obtenerse en las circunscripciones de la Comunidad Autónoma. Este hecho constituye en sí mismo, según el Psoe, un ataque al sistema constitucional español porque impide el pluralismo político hasta el punto de que fuerzas políticas que obtuvieran un quince por ciento de los sufragios, quedarían fuera del parlamento autonómico por el reparto de un número reducido de escaños entre cinco provincias.
Tampoco convence a los socialistas el argumento de la austeridad puesto que la mayoría de los diputados regionales de esta Comunidad Autónoma no tienen dedicación exclusiva ni perciben salario, por lo que la reducción de su número no redundará en una disminución del gasto público.
Por último el Psoe recuerda que Castilla-La Mancha cuenta con más de dos millones de habitantes, cinco provincias y casi mil municipios; y en cuanto a territorio, es la tercera más extensa de España. Con esta población, extensión territorial y estructura pluriprovincial, una reducción tan desproporcionada de parlamentarios, hasta un número incluso inferior al que tienen otras comunidades mucho menos pobladas y/o uniprovinciales, “afectaría muy negativamente a la representación política de sus ciudadanos y ciudadanas”.
