El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de ayudas para compensar los daños causados por la lluvia y las inundaciones una vez que también ha declarado “zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil” a las regiones más afectadas por el temporal que afectó desde el 17 de diciembre a la zona de Levante: la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y las provincias de Almería y Albacete.
En el caso de la provincia de Albacete, el municipio más afectado ha sido Alcalá del Júcar, que sufrió un desprendimiento de una piedra en la zona urbana el pasado martes. Precisamente, el alcalde de este municipio, Pedro Antonio González, ha explicado que un pleno extraordinario celebrado ya ha acordado solicitar ayudas provinciales, regionales y estatales para la reconstitución de la zona afectada.
“Aunque los daños materiales han sido cuantiosos, de hecho aún no hemos podido calcularlos, el hecho de que no haya habido daños personales ya es una buena noticia”, confirma el primer edil, quien apunta que había medidas preventivas que han funcionado.
Según ha anunciado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se ha acordado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil y la concesión de ayudas para paliar los daños personales y materiales, incluyendo viviendas, enseres, negocios, producciones agrícolas y ganaderas y bienes municipales.
Las medidas, que se financiarán conforme a los previsto en la Ley General Presupuestaria, incluyen ayudas económicas para casos que van desde el fallecimiento de personas o una situación de incapacidad permanente sobrevenida a causa del temporal (18.000 euros en cada caso), hasta la destrucción o daños en enseres (por un importe máximo de 2.580 euros); o ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados por el temporal, por importes de hasta 8.500 euros.
Junto con estas, se contemplan también ayudas a personas físicas y jurídicas, a corporaciones locales y se incluye un apartado específico para ayudar a aquellos cuyas viviendas han sufrido daños, bien estructurales (hasta 10.320 euros o el 50%), a las comunidades de vecinos (hasta el 50% o 5.160 euros) o bienes de primera necesidad (2.580 euros). En caso de destrucción total, la medida incluye una ayuda máxima de 15.120 euros.
Además de las ayudas económicas, se incluyen también determinados beneficios fiscales, como la exención de las tasas a la hora de tramitar las bajas de vehículos y cuando se proceda a la expedición de los permisos de conducción o circulación, aunque se podrán conceder otras ayudas si las aprueban otros ministerios.