Los datos del diagnóstico que la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina ha realizado para complementar el Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, han permitido a la consejera que gestiona este proyecto, Inmaculada Herranz (Podemos), crear una fotografía de las diferencias entre provincias en cuanto a pobreza y vulnerabilidad social. Por ese motivo, ha realizado una serie de encuentros en todas las provincias que este jueves, día 26 de abril, también se llevará a cabo en Toledo. Será desde las 17.00 a las 19.00 horas en la Escuela de Administración Regional ubicada en el Polígono, y al mismo están invitados todos los ciudadanos para “dar voz” tanto al Plan de Garantías como a la futura ley integral que garantizará su implantación normativa.
La consejera ha explicado a eldiarioclm.es que estos actos se han llevado a cabo con el objetivo de dar cuenta del trabajo realizado en torno al Plan y a su informe de seguimiento durante el pasado año. “Hemos establecido un proceso de diálogo con la población, para conocer sus necesidades, sus dudas y sus propuestas”. A los datos ya obtenidos tanto del seguimiento como del diagnóstico, añade, hay que ponerles “voz” porque “es nuestra responsabilidad”.
En cada una de las provincias, los encuentros han servido para ofrecer los datos concretos y algunas singularidades de los variados territorios de Castilla-La Mancha. En el caso de Toledo y sobre el informe de seguimiento de 2017, la provincia alberga el mayor número de prestaciones de toda la comunidad autónoma, un total de 49.100. Por programas, las prestaciones en garantía habitacional representan el 29,4% del total de las concedidas en la región, destacando las ayudas al alquiler como principal eje, que llegan al 26,6%. Mientras, en garantías de suministros, en la provincia se aglutinó el 26,4% de las concedidas en la región. El resto lo compone la garantía de rentas, “centro neurálgico” del Plan, que alcanza las 42.100 prestaciones.
Diagnóstico social en Toledo
Pero los datos más reveladores se encuentran en el diagnóstico social realizado. Existen algunas peculiaridades en el caso de la provincia de Toledo que tienen que ver con la vulnerabilidad habitacional, es decir, aquellos hogares o familias a los que el coste de alquiler o hipoteca supera en el 40% de sus ingresos. En la provincia, supone un 22% de los hogares, dos puntos por encima de la media regional, que puede tener relación con el incremento del precio medio de las hipotecas. Por otra parte, sobre la “población objetivo” del Plan de Garantías, es decir, aquellos hogares especialmente vulnerables con bajos ingresos, tanto la provincia como la capital se encuentran por debajo de la media regional, pero esta tendencia se revierte cuando se trata de de hogares con menores. En ambos casos (con un 20,2% en la capital y un 15,6% en la provincia) están por encima de la media.
La consejera considera que estas cifras conforman uno de los motivos por los que el Gobierno regional quiere poner el foco en hogares vulnerables con menores, considerando además que, según los expertos, el 52% de esos hogares con pobreza severa tiene tendencia a reproducirla.
Aunque Toledo no es de las provincias con porcentajes más altos en este tipo de pobreza (Cuenca y Ciudad Real se encuentran por delante) Inmaculada Herranz considera que el Plan tiene en cuenta estas diferencias entre provincias y también entre diferentes áreas. Señala por ejemplo que mientras aumenta el porcentaje de hogares con menores ingresos en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes, en estas poblaciones la vulnerabilidad habitacional disminuye mientras sube en las grandes ciudades.
Por todo ello destaca la importancia de estas jornadas, para conocer la opinión de los ciudadanos de diferentes áreas geográficas y conocer situaciones de todo tipo. “Tenemos los datos, que son importantes, pero necesitamos ponerlo en tres dimensiones”, recalca.
Tras las diferentes jornadas celebradas, la consejera afirma que el sentir de la ciudadanía es de “cierta expectación” de cara a la futura ley. “La mirada está puesta ahí, en dar respuesta a las situaciones actuales y que además se pueda generar un mecanismo que les proteja. La población demanda que no vuelva a suceder lo que han vivido en estos años, no volver a encontrarse abandonados ante situaciones que no son su responsabilidad individual, sino fruto de vaivenes de estructuras económicas”.
Esta misma semana, la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas ha presidido también el cuarto encuentro de trabajo de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas que componen sindicatos, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. En el mismo ha informado a los actores sociales de la región de las líneas básicas que conforman el borrador de anteproyecto de Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas que la propia consejería ha venido trabajando en los últimos meses y que estará disponible para consulta pública en las próximas semanas.