Proyectan una planta para tratar residuos alegando disponer de un pozo privado y sin concesión de agua

Sin concesión de derechos de uso de agua y con un pozo de propiedad privada cuya existencia no consta a las autoridades hidrográficas. Con estas premisas está proyectada en el término municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) una planta de tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición, cuya promotora es Reyempa S.L. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) emitió informe desfavorable el pasado mes de diciembre sobre este proyecto tras la consulta que le realizó al respecto el Gobierno castellanomanchego.

El término municipal donde se proyecta esta planta de tratamiento se encuentra en pleno Campo de Calatrava, una de las zonas más secas de la región y donde se han registrado múltiples problemas de abastecimiento de agua. Hace un año la Junta de Castilla-La Mancha inició una obra con carácter de urgencia para asegurar, en conjunto, el abastecimiento de agua potable a los doce municipios que conforman el Consorcio del Campo de Calatrava.

“En el Campo de Calatrava tenemos graves problemas de abastecimiento en cantidad y calidad”, afirmaba entonces la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández. Fue una obra “transitoria”, aclaraba, a la espera de que pueda entrar en funcionamiento la tubería manchega. Otros 12 municipios de la zona cuentan con una planta de ósmosis para dar servicio a más de 40.000 habitantes.

Las circunstancias que han llevado a la Confederación del Guadiana a rechazar el proyecto de esta nueva planta de tratamiento y reciclaje de residuos se encuentran recogidas en un informe que elaboró hace tres meses para el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha.

Tras referir que la empresa no establece en su estudio el consumo de agua previsto, la CHG detalla que la documentación aportada por el promotor no cuantifica las necesidades hídricas totales de la actividad.

Un pozo sin ubicación y sin concesión

“Simplemente se indica que se ejecutarán riegos programados sobre los residuos y los caminos para disminuir la formación de polvo, así como el riego mediante sistema automático de riego de la pantalla vegetal a instalar”. También refiere que el suministro de agua se realizará mediante “un pozo cercano propiedad del promotor” sin indicar su ubicación.

A este respecto, la Confederación Hidrográfica, una vez consultadas sus bases de datos, alega que en la parcela donde se pretende ubicar la planta de tratamiento y reciclaje “no existe ningún derecho de aguas para el uso pretendido” que posea expediente administrativo. Es más, subraya que en el organismo de cuenca “no existe ningún expediente administrativo asociado al promotor de la presente actuación.

La CHG argumenta que las captaciones directas de agua -tanto superficial como subterránea- del dominio pública hidráulico son de su competencia y que cualquier uso privativo “deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma”. En este caso, la parcela de actuación se encuentra en el ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y dentro de la Comunidad de Usuarios (MASb) “Campo de Calatrava” declarada “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico” de sus aguas.

El programa de actuación de la MASb establece que de acuerdo con el Plan Hidrológico del Guadiana se podrán otorgar concesiones destinadas, entre otros, a uso industrial, con la condición de limitar su uso a un volumen máximo anual de 15.000 metros cúbicos. Por tanto, se debe presentar la solicitud de concesión de agua que ampare el consumo hídrico pretendido y su otorgamiento estará condicionado “a la existencia de asignación y reservas para el uso pretendido”.

 La conclusión de la Confederación Hidrográfica es que mientras no se presente solicitud de concesión de aguas subterráneas para el abastecimiento de la actividad propuesta, y se compruebe la existencia de asignación y reservas para ese uso en la comunidad de usuarios 'Campo de Calatrava', se informa desfavorablemente del proyecto.

Ahora, el estudio de impacto ambiental de este proyecto se encuentra en periodo de información pública en la comunidad autónoma. El pasado 2 de marzo la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó un anuncio de la Dirección General de Economía Circular por la que se iniciaba este periodo de consultas públicas.

Precisamente, fuentes de la Consejería confirman a elDiarioclm.es que el proyecto ha pasado a evaluación ambiental ordinaria para analizar “de manera más rigurosa” esta instalación. Afirman que si el informe de la CHG es negativo, “el proyecto sería inviable ambientalmente”.

Alegaciones en contra del proyecto

El mismo día en que el Gobierno regional sometió su evaluación ambiental a información pública, a principios de marzo, presentaron alegaciones contra el proyecto más de una quincena de instituciones, asociaciones y diferentes colectivos, entre ellos el propio Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, la mencionada Confederación del Guadiana, la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real, la Fundación Global Nature, Ecologistas en Acción de Ciudad Real y la Asociación Nacional Micorriza.

El Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa en julio de 2019 pedía que su tramitación se realizara por el procedimiento de evaluación ambiental simplificada alegando que la realización del proyecto tiene como objetivo la realización las labores de tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición, a fin de favorecer el reciclaje.

“Este tipo de industria favorece, en gran medida, la posibilidad de reciclado de materiales, principalmente inertes. Con esto se contribuye a frenar la sobreexplotación de áridos naturales y de canteras, consiguiéndose mayores rendimientos y, consecuentemente, mayor ahorro de energía y disminución en la contaminación atmosférica”, alegaba en su informe técnico.

No obstante, su tramitación se está realizando finalmente de manera ordinaria y ahora es el organismo castellanomanchego de evaluación ambiental quien debe decidir si da su visto bueno a este proyecto. El plazo de información pública del estudio presentado finalizará a comienzos del mes de abril. Desde elDiarioclm.es hemos solicitado a la empresa tanto por teléfono como por escrito una valoración sobre estas circunstancias, sin que haya habido respuesta en este sentido.